LONGVIEW, TEXAS – (La Opinión en Texas) – Antwon Pierre Sadler y Raegan Samone Hagler, ambos residentes de Longview, admitieron su participación en un esquema que utilizaba información falsa en declaraciones de impuestos federales y que, según las autoridades, generó pérdidas fiscales estimadas en al menos $5 millones.
Sadler, de 41 años, y Hagler, de 29, se declararon culpables de conspiración para ayudar o asistir en fraude fiscal. El caso se tramita en el Distrito Este de Texas y forma parte de una investigación federal sobre las prácticas utilizadas en un negocio de preparación de impuestos de Longview.
Documentos judiciales indican que ambos trabajaban para F.A.S.T. Financial Firm, empresa propiedad de Marneitha Scott que operaba desde dos establecimientos en Longview. Los fiscales señalaron que Sadler, Hagler y Scott participaron en un plan mediante el cual se agregaba información falsa a las declaraciones de clientes con el propósito de alterar los resultados fiscales.
Una de las prácticas identificadas durante la investigación consistía en reportar pérdidas de negocios para contribuyentes que no eran propietarios de ninguna empresa. Las autoridades señalaron que algunas declaraciones eran preparadas y presentadas directamente por los involucrados, mientras que otros empleados también recibían instrucciones para incluir datos fraudulentos. Los clientes pagaban al negocio por el servicio de preparación y presentación de sus impuestos.
La investigación abarcó declaraciones correspondientes a los años fiscales de 2019 a 2022. Aunque las autoridades han establecido una pérdida conocida de por lo menos $400,000, el cálculo del impacto total atribuido al esquema asciende a un mínimo estimado de $5 millones.
Scott ya se había declarado culpable del mismo delito el 18 de febrero y permanece pendiente de sentencia. Sadler y Hagler también serán sentenciados posteriormente, una vez que la Oficina de Libertad Condicional de Estados Unidos complete los informes previos requeridos por el tribunal.
El delito contempla una pena máxima de cinco años en una prisión federal, además de posibles multas y órdenes de restitución. Las condenas serán determinadas por el tribunal conforme a las leyes y pautas federales aplicables. La investigación estuvo a cargo de IRS Criminal Investigation y el caso es procesado por el fiscal federal adjunto Alan Jackson.
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