WASHINGTON, D.C. – (La Opinión en Texas) – Una jueza federal ordenó detener de inmediato la difusión de una serie de anuncios televisivos financiados con fondos del Departamento de Seguridad Nacional que presentaban al presidente Donald Trump, al conceder una orden de restricción temporal contra la administración.
La jueza Jennifer L. Rochon, del Distrito Sur de Nueva York, suspendió el domingo 11 de octubre una orden de compra realizada por Customs and Border Protection el 20 de septiembre y bloqueó futuros pagos vinculados al contrato publicitario. El caso fue promovido por Common Cause, Robert Hunter, el sindicato SEIU Local 32BJ y su comité de acción política.
La orden también suspendió la asignación de 20 millones de dólares hecha por la Oficina de Administración y Presupuesto para desarrollar, producir o transmitir los anuncios cuestionados. Entre las piezas incluidas en la medida aparecen anuncios titulados The Country He Loves, Celebrating the Enduring Spirit, Final Battle, To the Great Proud People of Iran y Maduro.
Rochon prohibió a los demandados utilizar, desembolsar o transferir fondos apropiados para el Departamento de Seguridad Nacional con el fin de crear, distribuir, publicar o transmitir esos anuncios. También les ordenó cancelar cualquier espacio, reserva o acuerdo pendiente para difundirlos, incluidos los programados para la noche del 11 de octubre.
La resolución obliga asimismo a la administración a no celebrar, renovar ni ampliar acuerdos relacionados con la producción o transmisión de la campaña. La orden alcanza a funcionarios, empleados, agentes, contratistas y otras personas que actúen en coordinación con los demandados; específicamente, el tribunal ordenó notificar de inmediato a LMD Agency, contratista involucrada en las pautas.
En su decisión preliminar, la jueza determinó que los demandantes demostraron probabilidad de éxito en el fondo de sus argumentos, riesgo de daño irreparable sin una medida cautelar y que el interés público favorecía la suspensión. El litigio cuestiona si el uso de dinero federal para la campaña excedió los propósitos autorizados por el Congreso y vulneró restricciones sobre publicidad y propaganda.
La orden entró en vigor a las 6:45 p.m. del 11 de octubre y permanecerá vigente durante 14 días, salvo que el tribunal la extienda. Los demandados deberán presentar en un plazo de 24 horas un informe que confirme el cumplimiento. La medida no resuelve de forma definitiva el caso; la jueza indicó que emitirá una opinión más amplia posteriormente.
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