HOUSTON, TEXAS – (La Opinión en Texas) – Un nuevo informe del gobierno del condado de Harris reveló importantes deficiencias en la supervisión de las cámaras utilizadas para identificar placas de vehículos, incluyendo la falta de un inventario completo de los dispositivos y de información precisa sobre las agencias externas que pueden consultar los datos recopilados. Los resultados, dados a conocer este jueves 15 de octubre, han provocado nuevos llamados para establecer controles más estrictos sobre el uso de esta tecnología en Houston y sus alrededores.
La revisión, elaborada por la Oficina de Administración del Condado de Harris, identificó 154 sistemas de cámaras Flock financiados directamente con recursos del condado. De ellos, 125 están vinculados a los distritos de los comisionados y otros 29 corresponden a agencias policiales del gobierno local. Por separado, la Oficina del Sheriff informó que administra 17 redes adicionales que reúnen aproximadamente 500 cámaras, lo que refleja la extensión de una infraestructura utilizada principalmente para apoyar investigaciones criminales y localizar vehículos de interés.
Sin embargo, las cifras oficiales no representan la totalidad de los dispositivos instalados en el condado. Una evaluación basada en información de la empresa Flock Safety estimó que podrían existir hasta 5,300 cámaras de esta tecnología en Harris, incluyendo equipos adquiridos por municipios, distritos escolares, asociaciones de propietarios, entidades de servicios públicos y empresas privadas. Debido a que muchas de estas instalaciones no dependen directamente del gobierno del condado, las autoridades todavía no cuentan con un registro verificado que permita determinar con exactitud cuántos dispositivos operan en el territorio y quiénes los administran.
Uno de los hallazgos más relevantes está relacionado con el acceso a la información. El documento señala que no existe una lista completa de las agencias externas autorizadas para consultar los registros obtenidos por los lectores automáticos de placas. Estos sistemas pueden captar matrículas, características de los vehículos y datos asociados con el momento y lugar de su circulación. Aunque las herramientas pueden resultar útiles para identificar automóviles robados o relacionados con delitos, la ausencia de controles uniformes ha generado inquietudes sobre la privacidad de los conductores y el intercambio de información entre distintas jurisdicciones.
La revisión también encontró diferencias importantes en los procedimientos internos de las dependencias que utilizan las cámaras. Solamente cuatro organismos entregaron políticas escritas sobre su funcionamiento: la Oficina del Jefe de Bomberos del Condado de Harris y las oficinas de los alguaciles de los precintos 2, 7 y 8. Por su parte, la Oficina del Sheriff indicó que está modificando sus propias normas y que las dará a conocer cuando concluya ese proceso. Entre las principales diferencias detectadas figuran los criterios para conservar información, autorizar consultas y compartir registros con otras instituciones.
La jueza del condado, Lina Hidalgo, solicitó reforzar la supervisión del sistema y establecer reglas consistentes para todas las agencias involucradas. Entre las propuestas examinadas se encuentra la creación de un grupo de trabajo encargado de revisar los contratos vigentes, las condiciones de acceso a los datos y los procedimientos para conservarlos o eliminarlos. El informe contempla que ese grupo presente recomendaciones para febrero de 2027. Bajo el acuerdo actual con Flock, los registros almacenados en el sistema generalmente se eliminan después de 30 días, aunque también se busca aclarar qué ocurre con la información que haya sido descargada o compartida.
El debate ocurre después de que la comisionada del Precinto 4, Lesley Briones, anunciara el 8 de octubre la desactivación de 61 dispositivos Flock instalados en propiedades de su distrito, incluidos lectores de placas y cámaras de seguridad. La decisión respondió a preocupaciones de residentes sobre la protección de datos y el acceso de terceros a la información. Hasta el 15 de octubre, los hallazgos del nuevo informe no constituían por sí mismos una determinación de uso ilegal de los registros, pero sí evidenciaban la necesidad de establecer responsabilidades claras. Las autoridades del condado deberán decidir qué medidas adoptar para mantener las herramientas de investigación policial sin comprometer los derechos de privacidad de la población.
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