WASHINGTON, D.C. – (La Opinión en Texas) – La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes 19 de octubre una apelación presentada por Gwynne Wilcox, exintegrante de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB), quien buscaba revertir su destitución ordenada por el presidente Donald Trump. La decisión representa un nuevo resultado judicial favorable a la administración republicana en su disputa por ampliar el control presidencial sobre las agencias federales independientes.
Los magistrados decidieron no revisar el caso, por lo que permanece vigente una resolución de un tribunal federal de apelaciones que consideró constitucional la destitución de Wilcox. Aunque la Corte Suprema no emitió una nueva sentencia sobre los argumentos de fondo de esta controversia, su negativa a intervenir permite que continúe aplicándose el fallo que respaldó las facultades del mandatario.
Wilcox fue despedida en enero de 2025, aproximadamente una semana después de que Trump iniciara su segundo mandato presidencial. La funcionaria había sido nombrada para un segundo período de cinco años en 2023 por el entonces presidente Joe Biden y se convirtió en la primera mujer afroamericana en integrar la junta de la NLRB.
La controversia comenzó cuando Wilcox acudió a los tribunales para impugnar su separación del cargo. Su argumento principal se basó en una disposición de la legislación federal que protege a los integrantes de la NLRB contra destituciones sin una causa legal específica. Bajo esa normativa, el presidente solamente puede removerlos por motivos establecidos en la ley, como negligencia en el cumplimiento de sus funciones o conducta indebida.
En marzo de 2025, la jueza federal Beryl Howell falló a favor de Wilcox y determinó que las protecciones establecidas por el Congreso eran válidas. Sin embargo, el caso tomó otro rumbo en diciembre de ese mismo año, cuando un panel del Tribunal Federal de Apelaciones del Circuito de Washington revocó la decisión por una votación de dos contra uno y concluyó que las restricciones a la autoridad presidencial resultaban incompatibles con la Constitución.
La disputa tiene consecuencias que van más allá del caso individual de Wilcox. La Junta Nacional de Relaciones Laborales es una institución federal encargada de supervisar aspectos fundamentales de las relaciones entre trabajadores y empleadores, incluidas las elecciones sindicales y las denuncias por prácticas laborales injustas. Sus integrantes tradicionalmente han contado con ciertas garantías de independencia para evitar interferencias políticas directas en sus decisiones.
El rechazo de la apelación ocurre después de que la Corte Suprema resolviera en junio de 2026 otro caso relacionado con las facultades del presidente para destituir funcionarios. En aquella ocasión, el máximo tribunal respaldó la separación de Rebecca Slaughter, integrante de la Comisión Federal de Comercio (FTC) nombrada durante la administración Biden, y anuló un precedente judicial de 1935 que había reconocido límites a la capacidad presidencial de remover a determinados funcionarios de organismos reguladores.
Ambos casos forman parte de un debate constitucional sobre la distribución del poder dentro del gobierno federal. La administración Trump sostiene que el presidente debe contar con autoridad suficiente para supervisar y sustituir a quienes ejercen funciones ejecutivas. En contraste, los defensores de la independencia de estas instituciones argumentan que las restricciones establecidas por el Congreso ayudan a proteger decisiones regulatorias y laborales frente a presiones partidistas.
Desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha impulsado una reorganización de distintas dependencias federales mediante despidos, cambios administrativos y nombramientos de funcionarios alineados con las prioridades de su gobierno. Varias de estas medidas han provocado demandas judiciales sobre los límites del poder ejecutivo y las facultades que conserva el Congreso para establecer organismos independientes.
Con la decisión anunciada este lunes, Wilcox pierde la oportunidad de que la Corte Suprema revise directamente su impugnación y permanece vigente el fallo de apelaciones que permitió su destitución. El resultado también refuerza el precedente judicial que favorece una mayor intervención presidencial en la dirección de determinadas agencias federales, un asunto que continúa teniendo implicaciones para la estructura y el funcionamiento del gobierno estadounidense.
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