CIUDAD DE MÉXICO – (La Opinión en Texas) – Una investigación periodística publicada este lunes 19 de octubre reveló que Jonathan Navarrete Torres, quien trabaja como chofer de Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), figura como apoderado legal de una compañía dedicada al suministro de materiales electorales que ha sido objeto de investigaciones por presuntas irregularidades. El hallazgo ha generado cuestionamientos sobre las relaciones entre proveedores privados y personal cercano a la dirección del organismo electoral mexicano.
De acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio citados en la investigación, Navarrete Torres recibió el 28 de junio de 2023 un poder general para pleitos y cobranzas otorgado por Corporativo Zeg. Esta autorización le permitía representar legalmente a la empresa en diversos procedimientos ante autoridades administrativas y judiciales. El nombramiento ocurrió casi dos años antes de que comenzara a desempeñarse como conductor de la presidenta del INE, el 15 de abril de 2025.
La información también señala que Navarrete Torres presentó una declaración patrimonial el 30 de junio de 2026, en la que reportó ingresos mensuales de 45 mil 765 pesos por sus funciones dentro del instituto. Sin embargo, según el reportaje, en ese documento no mencionó su relación como representante legal de Corporativo Zeg y únicamente registró un empleo anterior como conductor de la empresa automotriz Mercedes-Benz.
Corporativo Zeg mantiene vínculos empresariales con Cajas Graf, otra compañía dedicada a la fabricación y distribución de artículos utilizados durante los procesos electorales, como urnas y otros materiales. Ambas firmas están relacionadas con los empresarios Alfredo y Raymundo Hernández Casillas y han participado en contratos con organismos electorales de distintas entidades del país.
Las dos empresas han enfrentado investigaciones de diferentes autoridades mexicanas. Entre los antecedentes publicados se encuentran revisiones de la Unidad de Inteligencia Financiera, indagatorias de la Auditoría Superior de la Federación y un expediente iniciado en mayo de 2024 por la entonces Comisión Federal de Competencia Económica, relacionado con posibles prácticas monopólicas. La existencia de estos procedimientos no significa, por sí misma, que se haya demostrado responsabilidad penal o administrativa.
El reportaje también identifica conexiones entre las compañías proveedoras y antiguos funcionarios de organismos electorales. Uno de los casos mencionados es el de Jesús Octavio García González, quien anteriormente tuvo facultades de representación legal para ambas empresas y posteriormente ocupó la Dirección de Administración del INE durante la presidencia de Taddei, cargo que dejó en abril de 2026.
Entre los contratos señalados figura uno por 32 millones de pesos otorgado a Corporativo Zeg por el organismo electoral de Oaxaca, así como otro por 33.9 millones de pesos asignado a Cajas Graf en Chihuahua durante 2021. Funcionarias que participaron en administraciones electorales relacionadas con esas contrataciones posteriormente ocuparon puestos dentro del INE. No obstante, esos antecedentes no demuestran automáticamente que las adjudicaciones fueran ilegales.
Las empresas Corporativo Zeg y Cajas Graf fueron incorporadas al Registro Único de Proveedores del INE el 1 de junio de 2023, aproximadamente dos meses después de que Guadalupe Taddei asumiera la presidencia del instituto. La coincidencia entre los vínculos empresariales, las contrataciones públicas y los nombramientos administrativos plantea interrogantes sobre los mecanismos utilizados para prevenir posibles conflictos de interés.
Otro aspecto mencionado en la investigación es el uso de una camioneta BMW blindada para trasladar a Taddei entre finales de 2025 y abril de 2026. La funcionaria explicó anteriormente que utilizaba ese vehículo de manera temporal porque la Chevrolet Captiva asignada por el organismo presentaba fallas mecánicas. Sin embargo, no quedó públicamente aclarado quién proporcionó la unidad ni si existía alguna relación con las compañías proveedoras señaladas en el reportaje.
Hasta la publicación de la investigación, no se había establecido que Navarrete Torres hubiera utilizado sus funciones dentro del INE para beneficiar a Corporativo Zeg, ni que Guadalupe Taddei hubiera intervenido indebidamente en contratos relacionados con esa empresa. Tampoco se había acreditado que la representación legal mencionada constituyera una infracción a las obligaciones del funcionario.
Las revelaciones colocan nuevamente bajo atención los procedimientos de transparencia, contratación y declaración de intereses dentro del Instituto Nacional Electoral. Cualquier posible responsabilidad dependerá de la revisión de documentos, de las explicaciones de los involucrados y, en su caso, de las determinaciones que emitan las autoridades competentes.
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