AUSTIN, TEXAS – (La Opinión en Texas) – Una serie de disposiciones anunciadas por el contralor de Texas, Don Huffines, ha generado cuestionamientos sobre los límites de sus facultades y el alcance de las decisiones que puede tomar desde una de las principales oficinas financieras del estado. Aunque el funcionario ha presentado estas medidas como órdenes ejecutivas, especialistas señalan que su aplicación depende de procedimientos administrativos y no equivale a ejercer los poderes del gobernador.
Desde finales de septiembre, Huffines ha anunciado cuatro disposiciones relacionadas con impuestos, tecnología de vigilancia y programas de diversidad, equidad e inclusión. La primera, presentada el 30 de septiembre, busca eliminar la aplicación de un impuesto sobre determinados cargos que las plataformas comerciales en internet cobran a sus vendedores. Según el contralor, la medida permitiría reducir costos para familias y pequeños negocios que utilizan estos servicios.
El 6 de octubre, Huffines presentó otra iniciativa destinada a modificar el tratamiento fiscal de los expedientes médicos electrónicos y ciertos servicios tecnológicos relacionados con la atención médica. Posteriormente, el 13 de octubre, ordenó impulsar restricciones al uso de subvenciones administradas por su oficina para financiar cámaras Flock y sistemas automatizados de lectura de placas vehiculares. Esta última decisión coincide con medidas anunciadas anteriormente por el gobernador Greg Abbott sobre el financiamiento estatal de esa tecnología.
La cuarta disposición, anunciada el 15 de octubre, establece nuevas condiciones para contratos y subvenciones administrados por la Contraloría. Bajo estas condiciones, las entidades que reciban determinados fondos deberán certificar que su trabajo financiado por el estado no incluye programas de diversidad, equidad e inclusión que incumplan las restricciones establecidas por la agencia y las leyes contra la discriminación.
El debate se centra en la naturaleza jurídica de estas decisiones. Tradicionalmente, las órdenes ejecutivas son instrumentos utilizados por autoridades que ejercen funciones ejecutivas, como el gobernador. En cambio, las medidas de Huffines instruyen principalmente al personal de la Contraloría a iniciar cambios reglamentarios o aplicar condiciones dentro de sus responsabilidades administrativas. Estos procedimientos deben respetar las leyes estatales y no pueden sustituir las decisiones de la Legislatura ni las facultades del gobernador.
La controversia también tiene un componente político. Huffines, nombrado contralor por Abbott en agosto, busca obtener un mandato completo de cuatro años en las elecciones del 3 de noviembre. Su contrincante demócrata, la senadora estatal Sarah Eckhardt, ha cuestionado que el funcionario utilice atribuciones que considera propias del gobernador. Por su parte, Huffines sostiene que sus iniciativas buscan proteger los recursos públicos, reducir cargas fiscales y modificar prácticas administrativas que considera perjudiciales para los contribuyentes.
Hasta este miércoles 21 de octubre, no se había establecido que las disposiciones fueran ilegales ni que todas las modificaciones propuestas hubieran entrado en vigor. Algunas requieren completar procesos formales de elaboración de reglamentos antes de producir efectos definitivos. La discusión continúa mientras Texas se aproxima a las elecciones generales, en las que los votantes decidirán quién dirigirá la Contraloría durante los próximos cuatro años.
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