WASHINGTON, D.C. – (La Opinión en Texas) – Organizaciones del Partido Demócrata presentaron una demanda federal contra el presidente Donald Trump y varios funcionarios de su administración, a quienes acusan de ejercer presiones indebidas sobre autoridades electorales estatales para retirar a ciudadanos de los padrones de votación o impedir que se contabilicen determinadas boletas antes de las elecciones legislativas de noviembre.
La acción judicial fue presentada el martes 20 de octubre ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia. Entre los demandantes figuran organizaciones nacionales demócratas, el Partido Demócrata de Nevada, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y una votante naturalizada de California. La demanda también señala al Departamento de Justicia, al Departamento de Seguridad Nacional y a sus principales responsables.
Los demandantes sostienen que el gobierno federal ha utilizado advertencias de posibles procesos penales y solicitudes dirigidas a funcionarios electorales para influir en la administración de las elecciones estatales. Según la denuncia, estas acciones podrían intimidar tanto a los encargados de supervisar las votaciones como a ciudadanos legalmente registrados, especialmente aquellos que obtuvieron la ciudadanía estadounidense mediante naturalización.
Uno de los principales puntos de controversia es la identificación de presuntos votantes que no poseen ciudadanía estadounidense. Los demócratas cuestionan la precisión de la información utilizada por las autoridades federales y advierten que los errores en las bases de datos podrían afectar a personas que sí tienen derecho a votar. Como ejemplo, señalan una revisión realizada en Nevada, donde funcionarios estatales determinaron que 185 personas identificadas por autoridades federales como posibles no ciudadanos eran, en realidad, ciudadanos estadounidenses.
La disputa se intensificó después de que el Departamento de Justicia demandara a California y al condado de Los Ángeles para solicitar que se separaran determinadas boletas enviadas por correo hasta verificar la ciudadanía de sus titulares. El gobierno federal sostiene que estas medidas buscan impedir la participación de personas que no cumplen los requisitos legales para votar. Las autoridades de California, por su parte, han cuestionado la confiabilidad de los datos presentados y la legalidad de las exigencias federales.
En su nueva demanda, los representantes demócratas argumentan que las presiones denunciadas podrían violar disposiciones de la Ley de Derecho al Voto que prohíben intimidar o coaccionar a los electores. Solicitan que un tribunal limite las acciones de la administración que, según afirman, interfieren con las responsabilidades de los estados para mantener sus registros electorales y organizar las votaciones. La administración Trump rechaza las acusaciones de interferencia y defiende sus actuaciones como parte de sus esfuerzos para garantizar la integridad de las elecciones.
El enfrentamiento judicial ocurre a menos de dos semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, cuando los estadounidenses renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes y parte del Senado. Por ahora, las acusaciones continúan sujetas a revisión judicial y no constituyen una determinación de que el gobierno haya violado la ley. El resultado del proceso podría influir en los límites de la intervención federal en los procedimientos electorales administrados por los estados.
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