AUSTIN, TEXAS – (La Opinión en Texas) – Wilber Rafael Garcés Pérez, un inmigrante venezolano que resultó herido de bala durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Austin, se declaró inocente de un cargo federal relacionado con un enfrentamiento con agentes migratorios ocurrido el pasado 20 de septiembre.
La declaración fue presentada ante un tribunal federal el martes 27 de octubre, aproximadamente una semana después de que un gran jurado formulara una acusación por presuntamente agredir, resistirse y obstaculizar a un agente federal. Garcés Pérez también renunció a comparecer personalmente en la audiencia de lectura de cargos programada para el jueves 29 de octubre. De ser declarado culpable, podría enfrentar una condena de hasta 20 años de prisión.
El incidente que originó el proceso judicial ocurrió cuando dos agentes de ICE interceptaron al venezolano mientras realizaba una entrega de comida en el norte de Austin. Según documentos federales, los oficiales intentaron detenerlo después de identificar una orden de deportación pendiente. Durante el encuentro, Garcés Pérez solicitó estacionar su automóvil en otro lugar antes de abandonar la escena, lo que provocó una persecución.
Las autoridades federales sostienen que el espejo lateral del vehículo golpeó a uno de los agentes cuando el conductor se retiró del lugar. Posteriormente, otro oficial disparó contra el automóvil y una bala alcanzó al venezolano por la espalda. Sin embargo, durante una audiencia celebrada el 30 de septiembre, un investigador reconoció que las imágenes presentadas ante el tribunal no permitían confirmar claramente el supuesto contacto entre el espejo y el agente.
El caso también ha generado cuestionamientos sobre el uso de cámaras corporales. El agente que efectuó el disparo no llevaba una cámara, mientras que otro oficial desactivó la suya después de registrar parte de la intervención inicial. El investigador federal Rick Bazan declaró que no había entrevistado directamente al agente responsable del disparo y que desconocía por qué su compañero había apagado el dispositivo.
La abogada de inmigración Kate Lincoln-Goldfinch explicó que Garcés Pérez ingresó legalmente a Estados Unidos mediante el programa CBP One y posteriormente solicitó asilo. No obstante, recibió una orden de deportación después de faltar a una audiencia migratoria cuya notificación, según su representante legal, había sido enviada a una dirección equivocada. El venezolano también contaba con un permiso de trabajo que venció en diciembre de 2025.
Mientras continúa el procedimiento federal, Garcés Pérez permanece detenido por orden del juez magistrado Dustin M. Howell, quien determinó que existía riesgo de fuga. Paralelamente, la Fiscalía del Condado de Travis solicitó a las autoridades federales suspender cualquier proceso de deportación contra el inmigrante, debido a que lo considera un testigo importante en una investigación relacionada con el tiroteo.
La defensa también busca que Garcés Pérez tenga la oportunidad de solicitar una visa U, una protección migratoria disponible para determinadas víctimas de delitos que colaboran con las autoridades. Sin embargo, el proceso penal federal ha detenido temporalmente sus gestiones para obtener la libertad y protección contra la deportación.
Hasta el 28 de octubre, el venezolano continúa enfrentando el cargo federal y no se ha emitido una sentencia. Su declaración de inocencia permite que el caso avance por la vía judicial, mientras permanecen abiertas las interrogantes sobre las circunstancias del tiroteo y la actuación de los agentes involucrados.
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