LOS ANGELES, CALIFORNIA – (La Opinión en Texas) – Un juez federal determinó que Bill Essayli, designado por la administración del presidente Donald Trump para dirigir las investigaciones y procesos penales federales en Los Ángeles, ha ejercido ilegalmente las funciones de fiscal federal principal sin contar con un nombramiento válido conforme a las leyes estadounidenses.
La resolución fue emitida el martes 27 de octubre por el juez federal J. Michael Seabright, quien concluyó que Essayli continuaba desempeñándose como fiscal federal de facto del Distrito Central de California, a pesar de ocupar oficialmente el cargo de primer fiscal federal adjunto. Como consecuencia, ordenó descalificarlo de participar o supervisar dos procesos penales, aunque suspendió temporalmente la aplicación de esa medida mientras el gobierno busca impugnarla.
Essayli, exlegislador republicano de California, fue nombrado fiscal federal interino en 2025. Sin embargo, la legislación federal establece límites de 120 días para determinados nombramientos temporales, mientras que los fiscales federales permanentes generalmente requieren una nominación presidencial y la confirmación del Senado. Antes de que concluyera su período provisional, la entonces fiscal general Pam Bondi lo designó para otras funciones dentro del Departamento de Justicia, lo que le permitió continuar al frente de la oficina.
El magistrado consideró que esos cambios administrativos no solucionaron las irregularidades legales. Su decisión también tomó en cuenta un fallo emitido en agosto por el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito, que rechazó un mecanismo semejante utilizado para mantener a Sigal Chattah al frente de la fiscalía federal en Nevada. Una modificación posterior de las responsabilidades de Essayli, autorizada por el fiscal general Todd Blanche, tampoco fue suficiente para corregir el problema, según el juez.
La resolución afecta específicamente los procesos contra Jaime Hector Ramirez y Tu Anh Tran, cuyos abogados habían cuestionado la autoridad de Essayli para intervenir en sus casos. Aunque Seabright ordenó apartarlo de esas actuaciones, rechazó las solicitudes para desestimar las acusaciones penales, al considerar que los acusados no habían demostrado el perjuicio necesario para justificar esa medida.
Tras conocerse el fallo, Essayli manifestó su desacuerdo y defendió la facultad del presidente y del fiscal general para seleccionar a los funcionarios encargados de supervisar las operaciones del Departamento de Justicia. También expresó su expectativa de que la controversia llegue eventualmente a la Corte Suprema de Estados Unidos. Debido a la suspensión temporal de la orden, podrá continuar desempeñando sus funciones mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente.
La controversia forma parte de una serie de disputas judiciales relacionadas con los nombramientos de fiscales federales realizados por la administración Trump sin completar el proceso habitual de confirmación legislativa. Tribunales de distintas jurisdicciones han examinado situaciones similares, lo que ha generado cuestionamientos sobre los límites de las designaciones provisionales y la autoridad de los funcionarios que permanecen en sus puestos después de vencer sus períodos legales.
Hasta el miércoles 28 de octubre, Essayli no había sido destituido definitivamente de su cargo y la descalificación ordenada por el juez permanecía suspendida. El resultado de las apelaciones podría tener consecuencias para otros nombramientos temporales dentro del Departamento de Justicia y para la supervisión de procesos penales federales en diferentes estados.
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