LOS ANGELES, CALIFORNIA – (La Opinión en Texas) – El Departamento de Justicia de Estados Unidos intensificó una investigación sobre posibles irregularidades en los registros electorales de California, mediante citaciones federales dirigidas a funcionarios del condado de Los Ángeles, a pocos días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
Las citaciones, emitidas el 21 y 24 de octubre, solicitan documentos y comunicaciones relacionados con las medidas utilizadas para identificar a personas que no cumplen los requisitos para votar. Algunos empleados de la oficina electoral del condado deberán comparecer ante un gran jurado federal el 4 de noviembre, un día después de las elecciones.
La investigación forma parte de una disputa entre el gobierno del presidente Donald Trump y las autoridades de California. Funcionarios federales sostienen que aproximadamente 20,000 personas registradas para votar podrían no tener ciudadanía estadounidense. Sin embargo, esa condición no ha sido comprobada en todos los casos y las autoridades estatales cuestionan la confiabilidad de los datos utilizados.
El conflicto también llegó a los tribunales después de que el Departamento de Justicia solicitara separar las boletas correspondientes a esas personas para impedir temporalmente su conteo. El juez federal David O. Carter rechazó la petición al considerar que la intervención solicitada vulneraba las normas que regulan la administración electoral.
El gobierno federal apeló la decisión, mientras el tribunal designó a un especialista independiente para examinar las pruebas presentadas. Además, se programó una audiencia para el 13 de noviembre, cuando continuará la evaluación de las acusaciones y de las medidas solicitadas por las autoridades federales.
Dean Logan, responsable de la administración electoral del condado de Los Ángeles, defendió el trabajo de su oficina y aseguró que los funcionarios cumplen las leyes estatales y federales. También expresó preocupación por las advertencias de posibles consecuencias penales contra empleados electorales, mientras el Departamento de Justicia sostiene que busca impedir la participación ilegal de personas sin ciudadanía.
La controversia ocurre mientras millones de estadounidenses participan en la votación anticipada. Aunque votar en elecciones federales sin contar con ciudadanía estadounidense es ilegal, las investigaciones disponibles indican que estos casos son poco frecuentes. Hasta ahora, las citaciones no constituyen pruebas de delitos cometidos por los funcionarios electorales ni confirman que las 20,000 personas señaladas hayan votado ilegalmente.
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