WASHINGTON, D.C. – (La Opinión en Texas) – A dos días de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, el gobierno del presidente Donald Trump prepara una estrategia para continuar impulsando sus políticas mediante facultades ejecutivas si el Partido Demócrata consigue recuperar el control de una o ambas cámaras del Congreso de Estados Unidos.
Los preparativos comenzaron hace varios meses y cuentan con la participación de altos funcionarios de la Casa Blanca, entre ellos Stephen Miller, subjefe de gabinete, y Russell Vought, director de la Oficina de Administración y Presupuesto. Desde abril, ambos han trabajado con asesores jurídicos para identificar decisiones que el presidente podría adoptar sin necesidad de obtener nuevas autorizaciones legislativas.
Entre las propuestas examinadas figuran restricciones adicionales a las visas para estudiantes internacionales y trabajadores extranjeros temporales, así como nuevos aranceles sobre determinados productos importados, incluidos minerales estratégicos y componentes de turbinas eólicas. También se estudian medidas relacionadas con los costos de vivienda, la construcción y la administración de recursos federales. Ninguna de estas iniciativas representa, por ahora, una nueva orden ejecutiva aprobada.
En materia presupuestaria, los funcionarios analizan cómo utilizar fondos previamente autorizados por el Congreso para mantener determinadas prioridades presidenciales. Otra posibilidad consiste en modificar las reglas de distribución de subvenciones federales para ampliar la participación de funcionarios designados políticamente en las decisiones sobre qué programas reciben financiamiento público.
La planificación responde a la posibilidad de que los republicanos pierdan su actual mayoría legislativa. Las encuestas apuntan a una contienda favorable para los demócratas en la Cámara de Representantes, mientras que el control del Senado permanece incierto. Una victoria opositora podría dificultar la aprobación de nuevas leyes, frenar nombramientos federales y abrir investigaciones parlamentarias sobre decisiones y actividades de la administración.
Ante ese escenario, abogados de la Casa Blanca también preparan respuestas a posibles citaciones, solicitudes de documentos y audiencias del Congreso. Aunque Trump conservaría su facultad de vetar proyectos legislativos, sus decisiones ejecutivas continuarían sujetas a las leyes vigentes y podrían ser impugnadas ante los tribunales federales.
El presidente ha participado en conversaciones sobre estos preparativos, según personas familiarizadas con las deliberaciones. Por su parte, la Casa Blanca ha rechazado las expectativas de una derrota republicana y sostiene que continuará trabajando en seguridad fronteriza, orden público y economía. El alcance real de cualquier nueva estrategia dependerá de los resultados electorales del martes y de las facultades legales disponibles para el gobierno.
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