CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO – (La Opinión en Texas) – A partir de este martes 3 de noviembre, las escuelas públicas y privadas de México deben aplicar nuevas disposiciones que limitan el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos personales durante la jornada escolar. La medida busca disminuir las distracciones entre estudiantes y promover una mayor convivencia dentro de los planteles educativos.
Las restricciones son más estrictas para alumnos de educación básica, particularmente de primaria y secundaria, quienes deberán mantener sus teléfonos guardados durante las clases y los recreos. Los estudiantes podrán llevar sus dispositivos a la escuela, pero no utilizarlos libremente mientras permanezcan en el plantel.
La Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla excepciones cuando los aparatos sean necesarios para atender emergencias, condiciones médicas, necesidades de accesibilidad o situaciones extraordinarias. También se permitirá su utilización en determinadas actividades educativas previamente organizadas y supervisadas por los docentes.
Para las preparatorias, las disposiciones serán diferentes. Cada institución deberá establecer acuerdos con su comunidad educativa para determinar cuándo y bajo qué condiciones podrán utilizarse los dispositivos. En universidades, las autoridades promoverán un manejo responsable de la tecnología, respetando las características y la autonomía de cada institución.
La regulación forma parte del Acuerdo 09/09/26, publicado el 22 de septiembre en el Diario Oficial de la Federación. La iniciativa fue impulsada por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldada por autoridades educativas de las 32 entidades federativas, después de un proceso de consultas con el sector educativo.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que más del 81 por ciento de los docentes consultados respaldó establecer límites al uso de dispositivos digitales. Según las autoridades, la iniciativa pretende fortalecer la concentración, estimular la creatividad y favorecer las relaciones personales entre estudiantes.
La implementación también plantea inquietudes entre algunas familias que consideran indispensable mantener comunicación con sus hijos ante posibles situaciones de inseguridad. Las autoridades educativas deberán trabajar con cada comunidad escolar para aplicar las disposiciones y atender las necesidades particulares de los alumnos.
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