CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO – (La Opinión en Texas) – Un paro de trabajadores del Poder Judicial de la Federación se extendió a distintas regiones de México, con reportes de suspensión de actividades en al menos 40 sedes de 23 estados. Las protestas, iniciadas el viernes 6 de noviembre, continuaban este sábado ante el rechazo de empleados judiciales a un nuevo sistema de evaluación de desempeño que consideran una amenaza para su estabilidad laboral.
Las movilizaciones comenzaron durante la madrugada del viernes, cuando trabajadores colocaron cadenas en los accesos de instalaciones judiciales, incluida la sede de San Lázaro, en Ciudad de México. Posteriormente, se registraron manifestaciones en entidades como Nuevo León, Veracruz, Puebla, Oaxaca, Yucatán, Tabasco y Estado de México. En algunas ciudades también se reportaron marchas y bloqueos de vialidades, mientras los manifestantes exigían garantías para conservar sus puestos.
El conflicto surgió después de la publicación del acuerdo AG-POAJ-025/2026 en el Diario Oficial de la Federación, el 5 de noviembre. La disposición establece un mecanismo para evaluar a secretarios, actuarios y oficiales judiciales, como parte de los cambios derivados de la reforma judicial de 2024. Los inconformes cuestionan los criterios utilizados y advierten que futuras evaluaciones podrían afectar sus derechos laborales y su permanencia en la institución.
Ante las protestas, el Órgano de Administración Judicial aseguró que las pruebas correspondientes a diciembre de 2026 tendrán únicamente fines diagnósticos. Según la institución, los resultados permitirán identificar necesidades de capacitación y no provocarán despidos, pérdida de plazas ni consecuencias individuales. Sin embargo, las evaluaciones ordinarias posteriores sí estarán sujetas a las disposiciones legales de la carrera judicial.
El paro también genera preocupación entre ciudadanos que necesitan realizar trámites ante juzgados y tribunales federales. En las instalaciones afectadas podrían registrarse retrasos en la recepción de documentos, atención presencial y audiencias programadas. No obstante, las autoridades no han confirmado una suspensión generalizada de todos los servicios judiciales, por lo que la atención de asuntos urgentes dependerá de cada sede.
Las evaluaciones están previstas para diciembre, mientras que los trabajadores mantienen su exigencia de revisar las condiciones del nuevo sistema. Aunque el organismo judicial manifestó disposición al diálogo, hasta este sábado no se había confirmado un acuerdo definitivo que pusiera fin a las movilizaciones. El desarrollo del conflicto dependerá de las negociaciones entre representantes sindicales y autoridades administrativas.
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