CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO – (La Opinion en Texas) – El Gobierno de México informó que identificó 17 nuevos objetivos de investigación en el caso Ayotzinapa, como parte de cuatro líneas de trabajo abiertas tras revisar nuevamente documentos, comunicaciones telefónicas y otros registros relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes.
La Secretaría de Gobernación señaló que el análisis de llamadas permitió reconstruir posibles vínculos entre integrantes de Guerreros Unidos, policías municipales y estatales, servidores públicos y personas relacionadas con funerarias en Iguala, Guerrero.
Las autoridades reportaron que, a partir de esa información, realizaron acciones en funerarias y en el Servicio Médico Forense de Iguala. Ahí localizaron un fémur humano, un arma de fuego, documentos y un horno crematorio sin registro oficial, además de irregularidades en la operación del servicio forense.
Entre marzo y junio de 2026, las búsquedas en el SEMEFO permitieron recuperar 23 indicios, incluidos fragmentos óseos, prótesis dentales, restos biológicos, cartuchos, casquillos y documentos. El material permanece bajo análisis pericial para determinar su naturaleza y posibles coincidencias con personas desaparecidas.
Una segunda línea se concentra en tres teléfonos pertenecientes a estudiantes. Según el gobierno, el rastreo de usuarios posteriores a la desaparición derivó en una orden de aprehensión emitida el 24 de agosto contra un exservidor público de Iguala, mientras que un policía municipal sigue bajo investigación por el uso de otro equipo.
La revisión documental también permitió identificar a una persona que tenía 14 años en septiembre de 2014 y que, de acuerdo con las autoridades, presuntamente participó en los hechos. Su declaración, rendida el 30 de julio de 2026, aportó elementos que refuerzan imputaciones contra miembros de Guerreros Unidos, indicó la Secretaría de Gobernación.
La cuarta línea examina el ocultamiento de videograbaciones del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero durante la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. El gobierno afirmó que esta indagatoria derivó en procesos contra dos exfuncionarias y en la detención de un exgobernador de Guerrero el 6 de agosto. A 12 años de los hechos, las autoridades sostienen que el caso continúa abierto.
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