Texas apela orden federal para climatizar todas sus prisiones antes de 2030

AUSTIN, TEXAS – (La Opinión en Texas) – Texas presentó una apelación contra la orden federal que exige instalar aire acondicionado en todas las prisiones estatales antes del 31 de diciembre de 2029. El aviso, presentado el 8 de octubre por el director ejecutivo del Texas Department of Criminal Justice (TDCJ), Bobby Lumpkin, lleva el caso ante el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito.

La apelación busca revertir la sentencia final emitida el 22 de septiembre por el juez federal Robert Pitman en Austin. El tribunal concluyó que las condiciones en las unidades penitenciarias sin climatización vulneran la protección constitucional contra castigos crueles e inusuales y ordenó acondicionar las 104 instalaciones del sistema.

Además del recurso ante el Quinto Circuito, el estado solicitó al juez Pitman suspender la aplicación de la orden mientras se resuelve la apelación. La postura estatal sostiene que imponer el calendario judicial alteraría la planeación operativa y financiera de TDCJ, que afirma estar avanzando en proyectos de climatización, pero sin aceptar el plazo fijado por la corte.

La agencia estatal informó en su actualización del 1 de octubre que cuenta con 38 unidades totalmente climatizadas y 53 parcialmente climatizadas. TDCJ reportó 53,927 camas con aire acondicionado ya disponibles, además de 23,738 camas en construcción, 9,009 en proceso de adquisición y 7,695 en etapa de diseño.

Según esa proyección oficial, las obras y proyectos financiados podrían llevar el sistema a aproximadamente 90,000 camas con aire acondicionado. Sin embargo, una parte considerable de la población penitenciaria continuaría en espacios sin climatización completa durante el avance de las obras, uno de los puntos centrales de la demanda que dio origen al fallo federal.

La disputa también tiene implicaciones presupuestarias. TDCJ ha estimado que climatizar todo el sistema podría costar cerca de 1,500 millones de dólares. La apelación abre una nueva fase en un litigio que enfrenta la obligación judicial de reducir la exposición al calor extremo con la capacidad del estado para financiar y ejecutar los proyectos en sus prisiones.