AUSTIN, TEXAS – (La Opinión en Texas) – La Corte de Apelaciones Penales de Texas rechazó una solicitud presentada por los abogados de Robert Roberson, condenado a muerte por el fallecimiento de su hija de dos años en el condado de Anderson. La petición buscaba impedir que Travis Bragg, quien anteriormente representó al estado en el proceso judicial, participara en asuntos relacionados con el caso después de incorporarse al personal jurídico del tribunal.
La decisión fue emitida el viernes 16 de octubre y dada a conocer en un reporte publicado el miércoles 21 de octubre. El tribunal determinó que las normas profesionales y judiciales vigentes ya establecen restricciones suficientes para evitar que un abogado intervenga en expedientes en los que participó antes de comenzar a trabajar para la corte.
La controversia surgió después de que la defensa de Roberson descubriera que Bragg había dejado su puesto en la Oficina del Fiscal General de Texas para incorporarse al equipo legal de la Corte de Apelaciones Penales. Ante esta situación, los representantes del condenado presentaron una moción de emergencia el 14 de octubre, solicitando medidas que garantizaran que el antiguo abogado del estado quedara excluido de cualquier intervención en el expediente.
Según la documentación presentada por la defensa, los abogados confirmaron la salida de Bragg de la Fiscalía General y posteriormente consultaron su información profesional en el registro del Colegio de Abogados de Texas. Esa revisión permitió identificar su nueva vinculación laboral con el tribunal encargado de examinar asuntos penales de máxima instancia en el estado.
Al responder a la solicitud, la corte señaló que tanto las Reglas Disciplinarias de Conducta Profesional de Texas como el Código de Conducta Judicial contemplan disposiciones destinadas a prevenir conflictos de interés. Estas normas impiden que los abogados empleados por el tribunal participen en procedimientos en los que hayan intervenido previamente como representantes de alguna de las partes.
Por lo tanto, el rechazo de la moción no significa que Bragg haya recibido autorización para trabajar en el caso de Roberson. La resolución establece que las restricciones existentes continúan siendo aplicables y que no resulta necesario adoptar una medida adicional para impedir su participación en un expediente relacionado con sus responsabilidades anteriores.
Roberson fue declarado culpable de asesinato capital en 2003 por la muerte de su hija Nikki Curtis, ocurrida en 2002 en el condado de Anderson. Su condena se relaciona con un diagnóstico de síndrome del bebé sacudido, cuya interpretación científica ha sido cuestionada posteriormente por su defensa. Los abogados sostienen que nuevas pruebas médicas justifican revisar las conclusiones utilizadas durante el juicio original.
El caso continúa sujeto a procedimientos judiciales relacionados con la revisión de las pruebas y los argumentos presentados por ambas partes. La decisión sobre la solicitud de recusación se limita a la participación de un antiguo abogado del estado dentro del tribunal y no modifica por sí misma la declaración de culpabilidad ni la sentencia de muerte impuesta a Roberson.
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