WASHINGTON, D.C. – (La Opinión en Texas) – Una jueza federal ordenó restringir determinadas investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) relacionadas con presuntos casos de personas sin ciudadanía estadounidense inscritas para votar. La decisión, emitida el miércoles 21 de octubre de 2026, afecta a nueve estados y responde a preocupaciones sobre la confiabilidad de los registros utilizados por las autoridades federales, así como el posible efecto intimidatorio de las investigaciones sobre ciudadanos con derecho al voto.
La jueza Araceli Martínez-Olguín, del Tribunal Federal de Distrito en Oakland, California, determinó que los procedimientos empleados por el DHS presentan riesgos importantes de identificar incorrectamente a ciudadanos estadounidenses como posibles infractores electorales. La orden abarca California, Connecticut, Georgia, Misuri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin, donde agentes federales han desarrollado investigaciones para determinar si personas sin ciudadanía se registraron o participaron ilegalmente en elecciones.
El fallo se concentra en las operaciones de campo y entrevistas realizadas por agentes del DHS cuando existen indicios de que las personas investigadas podrían ser ciudadanos estadounidenses. Según los documentos judiciales, las autoridades utilizaron información procedente de registros electorales estatales, bases de datos comerciales y otros sistemas que pueden contener información incompleta o desactualizada. La jueza señaló que estas deficiencias aumentan el riesgo de someter a investigaciones a personas legalmente autorizadas para votar.
Durante el proceso judicial también surgieron cuestionamientos sobre la rapidez con la que los investigadores debían revisar los posibles casos. Los agentes recibieron instrucciones de examinar al menos 40 expedientes y dedicar un máximo de 12 minutos a descartar cada sospecha mediante consultas en bases de datos comerciales. Para el tribunal, ese procedimiento resultaba especialmente preocupante porque Estados Unidos no cuenta con un registro federal único que permita comprobar de manera definitiva la ciudadanía de todos sus residentes.
La demanda fue presentada por organizaciones como California Nurses Association, National Nurses United y Voto Latino Foundation, junto con autoridades locales de San Francisco y el condado de Santa Clara. Los demandantes argumentaron que las investigaciones podían desalentar la participación electoral y afectar a ciudadanos involucrados en actividades comunitarias de registro y asistencia a votantes. La jueza consideró que existían fundamentos suficientes para concluir, de manera preliminar, que determinadas prácticas podrían contravenir las protecciones contra la intimidación establecidas en la Ley de Derechos Electorales.
La administración del presidente Donald Trump ha defendido sus esfuerzos para detectar posibles registros y votos ilegales de personas que no poseen ciudadanía estadounidense. Sin embargo, la resolución no impide todas las investigaciones sobre infracciones electorales. Sus restricciones se dirigen específicamente a ciertas actuaciones federales basadas en información considerada poco confiable, particularmente cuando las autoridades saben o tienen motivos razonables para sospechar que la persona investigada es ciudadana estadounidense.
Aunque la decisión representa un obstáculo judicial para parte de las operaciones del DHS, las restricciones todavía no han entrado en vigor. La jueza suspendió temporalmente la aplicación de su orden hasta el viernes 23 de octubre, a las 5:00 p. m., hora del Este, para permitir que el gobierno federal solicite una revisión ante un tribunal de apelaciones. Si entra en vigor sin modificaciones, la medida permanecerá vigente hasta el cierre de las urnas en las elecciones legislativas del 3 de noviembre. El caso mantiene abierto el debate sobre cómo investigar posibles irregularidades electorales sin afectar los derechos de los ciudadanos que cumplen los requisitos legales para votar.
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