TIJUANA, BAJA CALIFORNIA – (La Opinión en Texas) – Dos empresarios de Baja California señalados por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos financieros con el Cártel de Sinaloa enfrentan un nuevo obstáculo judicial después de que un juez federal rechazara suspender el congelamiento de sus cuentas bancarias. Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices recurrieron a la justicia mexicana para impugnar las restricciones impuestas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), pero sus recursos permanecen inmovilizados mientras continúan los procedimientos legales.
Las resoluciones fueron emitidas por el Juzgado Decimosegundo de Distrito, con sede en Tijuana, donde ambos empresarios presentaron demandas de amparo contra las medidas financieras. El bloqueo se originó mediante el Acuerdo 471/2026, emitido el 28 de septiembre por la UIF, organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La disposición permitió incorporar a los involucrados en la Lista de Personas Bloqueadas del sistema financiero mexicano, después de las investigaciones y sanciones anunciadas por el gobierno de Estados Unidos.
De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, Moreno Gómez Santelices habría participado en una estructura empresarial utilizada para canalizar recursos y proporcionar apoyo a integrantes de La Mayiza, una facción del Cártel de Sinaloa vinculada con Ismael Zambada Sicairos, conocido como Mayito Flaco. Las autoridades estadounidenses también relacionaron sus actividades con René Arzate García, alias La Rana, y otros presuntos operadores de la organización criminal. Estas afirmaciones corresponden a señalamientos oficiales y no constituyen, por sí mismas, una declaración judicial de culpabilidad.
Las restricciones financieras también alcanzaron a diversas compañías relacionadas con Moreno Gómez Santelices, entre ellas Inteliproof Efficient, Conciertos y Espectáculos Inhouse, Corevial Constructora y Baja Fixer Group. Algunas de estas empresas desarrollaban actividades en sectores como seguridad privada, construcción y entretenimiento. Además, se documentó que compañías vinculadas con el empresario recibieron contratos de dependencias públicas de Baja California por más de 139 millones de pesos desde 2021, situación que motivó revisiones administrativas sobre las adjudicaciones realizadas por distintas instituciones gubernamentales.
El caso forma parte de una investigación financiera más amplia que llevó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos a sancionar, a finales de septiembre, a 21 personas y 25 entidades comerciales presuntamente relacionadas con operaciones de apoyo al Cártel de Sinaloa. Entre los señalados también figura Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien presentó un recurso judicial separado para recuperar el acceso a sus cuentas. El 22 de octubre, un juzgado federal en Mexicali también le negó la suspensión provisional solicitada, al considerar que las medidas de la UIF estaban relacionadas con disposiciones destinadas a proteger el sistema financiero.
Las decisiones judiciales representan un revés inicial para los empresarios, pero no significan que sus demandas de amparo hayan sido resueltas definitivamente. Por ahora, las restricciones bancarias continúan vigentes mientras los tribunales examinan los argumentos legales presentados contra las autoridades financieras. El desarrollo de estos procedimientos determinará si las medidas permanecen en vigor o pueden modificarse, en un caso que también ha puesto bajo revisión las relaciones comerciales entre empresas señaladas por Estados Unidos y dependencias gubernamentales de Baja California.
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