WASHINGTON, D.C. – (La Opinión en Texas) – El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció este martes 3 de noviembre el despliegue de aproximadamente 1,000 monitores y observadores electorales en los 50 estados del país, como parte de una operación federal destinada a supervisar el cumplimiento de las leyes que protegen el derecho al voto durante las elecciones de medio término de 2026.
La iniciativa representa el mayor operativo de supervisión electoral en la historia de la dependencia y constituye la primera ocasión en que sus observadores tienen presencia en los 50 estados durante una misma jornada electoral. Aunque el gobierno federal realiza este tipo de actividades desde la aprobación de la Ley de Derecho al Voto de 1965, el alcance nacional del despliegue marca una diferencia respecto a elecciones anteriores.
La División de Derechos Civiles coordina las operaciones con la participación de funcionarios de distintas dependencias del Departamento de Justicia, fiscalías federales y observadores de la Oficina de Administración de Personal. Durante la jornada, los representantes federales mantendrán comunicación con autoridades electorales estatales y locales para identificar posibles incumplimientos de las disposiciones federales.
Entre los aspectos sujetos a supervisión se encuentran la protección contra la discriminación electoral, la accesibilidad de los centros de votación para personas con discapacidades y el cumplimiento de las leyes que prohíben la intimidación de electores. La presencia de observadores no significa que funcionarios federales estén autorizados a dirigir las votaciones, impedir que una persona vote o sustituir a las autoridades responsables de administrar las elecciones.
En Texas, el Departamento de Justicia identificó siete condados para sus actividades de observación: Bexar, Dallas, Harris, Waller, Blanco, Bowie y Nueces. La lista nacional también incluye jurisdicciones de estados como California, Florida, Georgia, Michigan, Nueva York y Pensilvania. El despliegue no implica que haya observadores federales en todos los centros de votación de cada estado.
La fiscal general adjunta de la División de Derechos Civiles, Harmeet K. Dhillon, señaló que la integridad electoral constituye una prioridad de la administración del presidente Donald Trump. Sin embargo, la ampliación del operativo también ha generado inquietudes entre organizaciones defensoras del derecho al voto y algunas autoridades locales, que advierten sobre el riesgo de que la presencia federal pueda resultar intimidante para determinados electores.
El Departamento de Justicia informó que recibirá denuncias y consultas relacionadas con posibles violaciones de las leyes electorales federales mediante el teléfono 1-800-253-3931 y el correo electrónico VEM@usdoj.gov. Las autoridades recomendaron reportar cualquier interrupción de las votaciones a los funcionarios electorales locales y comunicar inmediatamente a la policía las amenazas, actos de violencia o situaciones de intimidación.
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