WASHINGTON, D.C. – (La Opinion en Texas) – El Departamento de Justicia ordenó a funcionarios electorales de 29 estados y Washington, D.C., conservar registros relacionados con las elecciones de 2024, mientras mantiene una ofensiva judicial para obtener información detallada de los padrones de votantes.
Las cartas instruyen a las autoridades electorales a no destruir documentos impresos ni información almacenada electrónicamente que pueda estar relacionada con los litigios federales. La medida alcanza a jurisdicciones que han rechazado o limitado solicitudes federales de listas estatales completas de registro.
En una de las comunicaciones enviadas a Utah, la división de derechos civiles del Departamento de Justicia indicó que los funcionarios deben aplicar una retención legal de documentos y datos. La carta advierte que no preservar información relevante podría ser considerado destrucción de evidencia y acarrear sanciones civiles o penales.
El Departamento de Justicia sostiene que cuenta con facultades federales para solicitar, inspeccionar y analizar listas estatales de registro con el fin de revisar el mantenimiento de los padrones electorales. En febrero, la dependencia informó que sus demandas por este asunto ya involucraban a 29 estados y al Distrito de Columbia.
Las solicitudes han generado objeciones de autoridades electorales estatales, que han citado leyes de privacidad y el carácter sensible de los datos incluidos en los registros. Dependiendo del estado, esas bases pueden contener domicilios, fechas de nacimiento, números de licencia de conducir y porciones de números del Seguro Social.
La orden de conservación no obliga por sí sola a entregar los registros requeridos, pero mantiene disponibles los materiales mientras avanzan los casos judiciales. También prolonga la disputa entre el gobierno federal y las autoridades estatales sobre quién puede acceder a información electoral protegida.
El conflicto ocurre a menos de dos meses de las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026. Sus resultados podrían influir en el manejo de los datos de votantes, la operación de las oficinas electorales estatales y los límites de supervisión federal sobre los procesos administrados por los estados.
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