WASHINGTON, D.C. – (La Opinión en Texas) – El Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió una opinión legal que amplía su interpretación sobre cuándo los gobiernos estatales deben reportar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) información sobre personas que saben que no están legalmente presentes en el país.
La opinión, emitida el 1 de septiembre por la Oficina de Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia, concluye que el deber de reporte previsto en una ley federal de reforma del bienestar de 1996 puede alcanzar a todas las agencias que componen un gobierno estatal, y no únicamente a las oficinas que administran programas de asistencia específicos.
El criterio se relaciona con estados que participan en el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, conocido como TANF, y con los acuerdos aplicables al programa de Ingreso de Seguridad Suplementario, o SSI. El Departamento de Justicia sostuvo que aceptar esos fondos o acuerdos conlleva obligaciones de reporte para el estado conforme a su lectura de la ley.
La oficina jurídica retiró una opinión de 1998 que había limitado ese requisito a las agencias estatales encargadas directamente de administrar TANF o SSI. El nuevo documento afirma que una agencia puede tener conocimiento de una situación migratoria sin que exista necesariamente una orden final de deportación, aunque cita circunstancias concretas para determinarlo.
El cambio es relevante para Texas, donde la Comisión de Salud y Servicios Humanos administra TANF. Sin embargo, la opinión no crea una nueva ley federal, no modifica por sí sola los requisitos de elegibilidad de los programas de beneficios y tampoco anuncia una operación de arrestos migratorios.
El Departamento de Justicia señaló que su interpretación se aplicará hacia adelante. Añadió que las agencias federales pueden actualizar los acuerdos de subvención y los procesos de cumplimiento relacionados con TANF y SSI; el gobierno federal dijo que no buscará sanciones retroactivas contra estados que siguieron el criterio de 1998.
Hasta el 8 de septiembre, la opinión federal no detallaba un calendario público de implementación en Texas ni procedimientos estatales específicos para otras agencias. Cualquier cambio operativo adicional dependerá de las medidas que adopten las autoridades federales y estatales bajo esta nueva interpretación.
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