WASHINGTON, D.C. – (La Opinion en Texas) – Una coalición de 22 estados y el Distrito de Columbia demandó al gobierno federal para intentar frenar, antes de su entrada en vigor, una regla que amplía la discreción de funcionarios migratorios para evaluar el uso de ciertos beneficios públicos al decidir solicitudes de residencia permanente.
La demanda fue presentada el lunes 14 de septiembre ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. La acción estatal ocurre junto con una impugnación separada de gobiernos locales, incluidos Nueva York, Chicago, San Francisco, Seattle y dos condados de California y Washington.
La regla de carga pública, publicada por el Departamento de Seguridad Nacional el 20 de julio, está programada para entrar en vigor el viernes 18 de septiembre. Revoca las regulaciones federales de 2022 y permite que los funcionarios consideren, dentro de la totalidad de las circunstancias de cada caso, la solicitud, aprobación o recepción de beneficios sujetos a evaluación económica.
El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que la medida restaura una evaluación individualizada y más amplia para determinar si una persona probablemente llegará a depender del gobierno. La agencia ha dicho que la norma no cambia la elegibilidad para recibir beneficios públicos ni modifica las reglas de ciudadanía o naturalización.
Para solicitudes de ajuste de estatus, la nueva regla se aplicará a trámites enviados por correo o presentados electrónicamente a partir de su vigencia. El texto federal establece además que los beneficios que antes estaban excluidos y fueron recibidos antes del 18 de septiembre continuarán evaluándose bajo el marco anterior.
Los estados demandantes alegan que la administración excedió la autoridad que le otorga la ley federal de inmigración y que la regla es arbitraria bajo la Ley de Procedimiento Administrativo. También sostienen que podría disuadir a familias de solicitar atención médica preventiva, asistencia alimentaria u otros apoyos para los que sean elegibles.
La norma no se aplica a todas las personas no ciudadanas ni a todos los trámites migratorios. Quienes tengan una solicitud de residencia o visa y hayan usado, solicitado o consideren solicitar apoyos públicos deben revisar si la causal de carga pública aplica a su categoría migratoria y buscar orientación legal calificada antes de tomar decisiones sobre sus beneficios.
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