WASHINGTON, D.C. – (La Opinión en Texas) – Documentos judiciales revelados el jueves 5 de noviembre muestran que el gobierno del presidente Donald Trump mantuvo conversaciones reservadas con autoridades iraníes para organizar deportaciones de ciudadanos de Irán, a pesar del conflicto armado entre ambos países. Las gestiones provocaron cuestionamientos de una jueza federal debido a los riesgos que enfrentarían las personas enviadas a territorio iraní.
Durante una audiencia celebrada el 15 de octubre, representantes del Departamento de Justicia reconocieron que existían planes para trasladar a inmigrantes iraníes mediante un tercer país. Las autoridades estadounidenses habían mantenido contactos con funcionarios de Irán para gestionar documentos de viaje y determinar posibles rutas de deportación. Sin embargo, no se había establecido públicamente una fecha definitiva para ejecutar los traslados.
La jueza federal Ana Reyes expresó preocupación por la seguridad de los detenidos, considerando que Estados Unidos mantiene operaciones militares contra Irán. Ante la posibilidad de que los deportados enfrenten persecución o incluso la muerte, ordenó al gobierno notificar al tribunal con 24 horas de anticipación cualquier plan definitivo y presentar un aviso por escrito al menos cinco días antes de realizar una deportación.
El caso forma parte de una demanda presentada por el Iranian American Legal Defense Fund, organización que acusa a las agencias migratorias estadounidenses de compartir información confidencial de solicitantes de asilo con representantes iraníes. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha negado haber entregado expedientes de solicitudes de asilo al gobierno de Irán.
La organización denunció que al menos 12 ciudadanos iraníes detenidos habían recibido comunicaciones sobre posibles deportaciones. También informó que uno de ellos intentó suicidarse después de conocer que podría ser enviado de regreso a su país. Estas afirmaciones forman parte de los señalamientos de los representantes legales y no constituyen conclusiones judiciales definitivas.
Los documentos también describen antecedentes de cooperación migratoria entre ambos gobiernos. Más de 100 ciudadanos iraníes fueron trasladados en tres vuelos realizados durante septiembre y diciembre de 2025 y enero de 2026. Estas operaciones resultan particularmente inusuales debido a las tensiones diplomáticas entre Washington y Teherán y las preocupaciones sobre posibles represalias contra quienes regresan.
Hasta el 6 de noviembre, la controversia continuaba bajo supervisión judicial. Aunque el gobierno estadounidense sostiene que busca ejecutar órdenes legales de deportación, la jueza advirtió que podría iniciar procedimientos por desacato si las autoridades incumplen las notificaciones establecidas. La disputa mantiene abierta la discusión sobre las obligaciones de protección de Estados Unidos hacia inmigrantes que podrían enfrentar graves peligros al regresar a su país.
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