AUSTIN, TEXAS – (La Opinion en Texas) – Un nuevo informe de la Legislative Budget Board de Texas advirtió que el estado necesita mejorar la transparencia sobre el dinero destinado al cuidado tutelar, especialmente en los costos de alojamiento temporal de menores y en los contratos con proveedores privados.
La revisión fiscal estratégica de 2026 indicó que el Departamento de Servicios Familiares y de Protección de Texas (DFPS) no tiene reportes regulares suficientes para explicar cómo se relacionan los gastos de los menores sin colocación inmediata con la cantidad de niños que enfrentan esa situación.
El documento no concluye que DFPS haya usado indebidamente recursos públicos. Sin embargo, señala que la ausencia de información detallada dificulta que la Legislatura determine si los gastos son razonables y estén justificados.
Desde 2022, Texas ha gastado cerca de $150 millones para alojamientos temporales de menores que no tenían una colocación inmediata. A esa cifra se suman $146.7 millones asignados por la Legislatura para medidas de alojamiento de emergencia, según el informe.
Esos gastos pueden incluir habitaciones de hotel, personal que acompaña a los menores, seguridad, atención de enfermería, alimentos, traslados y contratos temporales con otros proveedores. La población diaria promedio de menores sin colocación ha disminuido desde 2022, pero el informe sostiene que los costos de supervisarlos siguen siendo considerables.
La revisión también examinó los contratos de cuidado comunitario administrados por Single Source Continuum Contractors, organizaciones que coordinan colocaciones y servicios en determinadas regiones. A noviembre de 2025, el valor conjunto de cinco grandes contratos plurianuales alcanzaba $1.34 mil millones.
La Legislative Budget Board señaló que la ley original que creó ese modelo no exigía a los contratistas detallar sus gastos. El informe plantea que una rendición de cuentas financiera más completa ayudaría a los legisladores a vigilar el uso de fondos públicos mientras Texas continúa trasladando parte de sus servicios de cuidado tutelar a contratistas.
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