LUFKIN, TEXAS – (La Opinión en Texas) – El Concejo Municipal de Lufkin aprobó por unanimidad, en primera lectura, una propuesta que permitiría cobrar determinados costos a quienes soliciten grandes cantidades de documentos públicos. La decisión, tomada el martes 3 de noviembre de 2026, provocó un enfrentamiento entre una concejal y un ciudadano que cuestionó las posibles consecuencias de la medida para la transparencia gubernamental.
La ordenanza establecería un máximo de 15 horas mensuales y 36 horas por año fiscal de trabajo gratuito del personal municipal para atender las solicitudes de una misma persona. Una vez superados esos límites, la ciudad podría exigir el pago anticipado de los costos autorizados antes de continuar procesando documentos. La tarifa contemplada sería de $15 por hora de trabajo, más un 20% por gastos administrativos, equivalente a $18 por hora, sin incluir posibles cargos adicionales.
Durante la reunión, David Stua, residente del Condado de Angelina, manifestó su oposición a la propuesta. Como ejemplo de la importancia del acceso a documentos gubernamentales, mencionó solicitudes relacionadas con la muerte de un estudiante de ocho años en Lindale. La concejal Kim Ogden cuestionó por qué Stua había solicitado información de un distrito escolar donde no residía ni tenía familiares. La discusión terminó cuando Ogden lo acusó públicamente de desperdiciar dinero de los contribuyentes.
Las autoridades municipales justificaron la iniciativa por el aumento de solicitudes recibidas durante los últimos años. Lufkin registró 1,374 peticiones durante el año fiscal 2025-2026, frente a 946 del período anterior y 906 en 2023-2024. La secretaria municipal Aimee Cloutier explicó que algunas solicitudes requieren entre 20 y 30 horas de trabajo, mientras que aproximadamente el 56% de las peticiones recientes procedieron de personas con direcciones fuera de la ciudad.
El administrador municipal Kevin Gee aclaró que la propuesta no impediría presentar solicitudes de información pública. Su propósito, explicó, sería recuperar parte de los recursos utilizados para localizar, revisar y preparar documentos extensos. La legislación estatal también contempla excepciones para periodistas que cumplen determinados requisitos, funcionarios electos y otros solicitantes autorizados.
Los concejales discutieron alternativas para reducir la carga administrativa, incluida la posibilidad de contratar personal adicional. Sin embargo, también surgieron preocupaciones sobre los costos y el manejo de información confidencial, especialmente de registros policiales.
La ordenanza todavía no está vigente. Para convertirse en una disposición municipal deberá recibir una segunda aprobación, programada para el 1 de diciembre de 2026. Hasta entonces, continuará el debate sobre cómo equilibrar el derecho ciudadano a obtener información pública con los recursos necesarios para atender las solicitudes.
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