HOUSTON, TEXAS – (La Opinión en Texas) – La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) y la Coalición por la Justicia del Gran Houston declararon este martes 20 de octubre de 2026 un estado de emergencia comunitario ante lo que consideran una creciente crisis relacionada con los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las organizaciones denunciaron las consecuencias de las detenciones migratorias para numerosas familias y exigieron mayor transparencia y responsabilidad por parte de las autoridades federales.
La declaración fue presentada durante una conferencia de prensa en las oficinas de LULAC, ubicadas en el 150 de West Parker Road, en Houston. Los representantes de ambas organizaciones señalaron que varios incidentes recientes han provocado preocupación entre residentes de comunidades inmigrantes y solicitaron la intervención de funcionarios locales y federales. La medida constituye un pronunciamiento de organizaciones civiles y no una declaración oficial de emergencia emitida por el gobierno municipal o del condado.
Uno de los casos que motivaron la denuncia involucra a dos hermanas de 10 y 11 años, identificadas como Alicia y Britany, quienes, según los organizadores, quedaron solas en su apartamento de Conroe después de que su madre fuera detenida por agentes de ICE. Las menores estuvieron presentes durante la conferencia, donde sus circunstancias fueron utilizadas para ilustrar las dificultades que pueden enfrentar los hijos de personas bajo custodia migratoria. No se dieron a conocer detalles suficientes para determinar cuánto tiempo permanecieron sin supervisión ni cuál es su situación actual.
Las organizaciones también recordaron la muerte de Lorenzo Salgado Araujo, ocurrida en julio durante una intervención de agentes migratorios en el este de Houston. El caso continúa generando controversia debido a las diferencias entre la versión de las autoridades federales y los cuestionamientos de familiares y defensores de derechos civiles. ICE sostuvo anteriormente que uno de sus agentes disparó en defensa propia después de que Salgado Araujo presuntamente intentara atropellarlo con un vehículo, mientras que representantes comunitarios han solicitado una investigación independiente para esclarecer lo sucedido.
Otro incidente mencionado fue el de Miguel Parra, quien resultó lesionado tras ser atropellado por un vehículo de ICE durante la semana anterior. El fiscal de distrito del condado de Harris, Sean Teare, indicó este martes que existen pruebas suficientes para presentar el caso ante un gran jurado y solicitar una acusación contra el agente involucrado. Los representantes de la coalición reconocieron esa postura, pero pidieron que las autoridades avancen con rapidez en el proceso correspondiente.
En la conferencia también participó Alejandro Yeverino, presentado como representante de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lo que añadió una dimensión internacional a las preocupaciones expuestas por las organizaciones. Los participantes insistieron en que las operaciones migratorias deben realizarse respetando los derechos de las personas involucradas y considerando las consecuencias para los menores de edad y otros familiares que dependen de quienes son detenidos.
LULAC y la Coalición por la Justicia del Gran Houston solicitaron respuestas concretas sobre los incidentes denunciados y mayores mecanismos de supervisión de las actuaciones de ICE. Hasta el momento, la declaración comunitaria no implica cambios legales en las operaciones migratorias ni suspende las actividades de las autoridades federales. Las organizaciones señalaron que continuarán presionando para que los casos reciban atención y para que las familias afectadas tengan acceso a información y apoyo.
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