CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO – (La Opinión en Texas) – El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum informó este miércoles 21 de octubre que una revisión nacional de las operaciones de compra y venta de combustibles permitió identificar inconsistencias por 8 mil 824 millones de litros durante 2025, equivalentes a un valor estimado de 61 mil 700 millones de pesos. Los resultados forman parte de una estrategia federal para combatir el comercio ilegal de hidrocarburos, el contrabando y la evasión fiscal.
La secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar, explicó que las anomalías fueron detectadas mediante el intercambio de información entre 16 instituciones federales. Las autoridades compararon facturas, permisos y registros de distribución para determinar si las cantidades de gasolina y otros combustibles declaradas por las empresas correspondían con sus operaciones comerciales. El análisis permitió identificar diferencias que ahora deberán ser aclaradas mediante procedimientos administrativos y fiscales.
De acuerdo con los resultados presentados durante la conferencia presidencial, el 72 por ciento de las inconsistencias se concentró en las empresas comercializadoras, que funcionan como intermediarias entre proveedores y compradores. Otro 13 por ciento correspondió a establecimientos de venta al público, incluidas las gasolineras. El resto se distribuyó entre otros participantes de la cadena de suministro, como importadores, distribuidores y transportistas.
Las autoridades señalaron que el fortalecimiento de los controles ya ha derivado en numerosas sanciones. El Servicio de Administración Tributaria impuso 6 mil 483 multas a 2 mil 32 estaciones de servicio por incumplimientos relacionados con sus registros de combustibles. También se informó de la baja de 180 empresas del padrón de importadores por irregularidades vinculadas con el contrabando y de la identificación de 175 compañías señaladas como presuntas emisoras de facturas por operaciones irregulares.
En materia de vigilancia, la Comisión Nacional de Energía reportó la cancelación de 264 permisos relacionados con la venta y comercialización de combustibles, mientras otros 307 permanecen sujetos a procedimientos de sanción o revocación. Paralelamente, el gobierno implementó mecanismos de seguimiento mediante códigos QR y sistemas GPS para supervisar más de 61 mil unidades utilizadas en el transporte de hidrocarburos. Estas medidas buscan facilitar la identificación del origen y destino de los productos que circulan por el país.
El subsecretario de Hidrocarburos, Juan José Vidal Amaro, también presentó un balance de las acciones penales emprendidas por distintas dependencias. Entre ellas figuran 152 denuncias del SAT por presunto contrabando e incumplimientos en los controles de volumen, 127 casos promovidos por la Procuraduría Fiscal de la Federación por posible defraudación fiscal y 50 denuncias de la Comisión Nacional de Energía relacionadas con diferencias en el combustible despachado. Petróleos Mexicanos, por su parte, reportó 10 mil 674 denuncias por robo de hidrocarburos.
Ante estos resultados, Sheinbaum planteó revisar el papel de las empresas intermediarias y fortalecer la supervisión de toda la cadena de distribución. El gobierno también trabaja en herramientas tecnológicas para facilitar la identificación de las compañías que participan en el mercado. Las autoridades aclararon que las diferencias detectadas en los registros no significan, por sí mismas, que la totalidad del combustible haya sido robada, por lo que las investigaciones deberán determinar las responsabilidades correspondientes.
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