CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO – (La Opinión en Texas) – El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum investiga contratos millonarios otorgados a una empresa privada que administraba farmacias y distribuía medicamentos en hospitales públicos del Estado de México. Las autoridades federales señalaron que el esquema habría generado sobrecostos superiores al 50 y hasta el 60 por ciento por pieza, lo que ha provocado una revisión de los mecanismos utilizados para contratar servicios de abastecimiento médico.
El subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark García Dobarganes, dio a conocer el caso durante la conferencia presidencial del martes 20 de octubre. Según explicó, la compañía recibió contratos por aproximadamente mil 700 millones de pesos durante 2022 y 2023. Uno de los acuerdos, correspondiente a 2023, alcanzó los 872 millones de pesos e incluía tanto el traslado de medicamentos como la operación de farmacias dentro de hospitales públicos.
El funcionario cuestionó que una empresa particular asumiera actividades que normalmente corresponden al personal de las instituciones de salud. Bajo ese modelo, la compañía no solamente se encargaba de llevar los medicamentos desde los almacenes hasta los hospitales, sino que también intervenía directamente en la administración de las farmacias. Clark consideró que este tipo de contratación elevaba considerablemente los costos del servicio y limitaba el control de las autoridades sanitarias sobre la distribución.
La Secretaría de Salud informó que, después de modificar los contratos y establecer nuevos procesos de licitación y subastas, el costo anual del servicio disminuyó 32 por ciento. Al mismo tiempo, la cantidad de medicamentos transportados mensualmente desde los almacenes hacia los centros de atención aumentó entre 30 y 40 por ciento. Las autoridades sostienen que estos resultados permiten identificar diferencias importantes entre los costos del esquema anterior y los obtenidos mediante los nuevos procedimientos.
Clark explicó que, al considerar tanto la reducción del gasto como el incremento en el volumen de medicamentos distribuidos, el sobrecosto estimado por pieza en los contratos anteriores podría superar el 50 o 60 por ciento. Sin embargo, aclaró que la empresa involucrada continúa bajo investigación, por lo que decidió no revelar públicamente su nombre. También indicó que los contratos correspondientes pueden consultarse en los registros oficiales de transparencia.
La investigación forma parte de una estrategia más amplia del gobierno federal para reducir los gastos relacionados con la adquisición y distribución de medicamentos. Entre las medidas implementadas se encuentran las compras directas a fabricantes y las subastas competitivas, con las que se busca evitar intermediarios innecesarios y obtener mejores precios. Las autoridades también pretenden que una mayor parte de la distribución sea administrada directamente por la red pública de salud, en lugar de depender de contratos con operadores privados.
El gobierno federal señaló que continuará revisando los acuerdos vigentes para detectar posibles irregularidades y mejorar el suministro de medicamentos en hospitales y centros de salud. Aunque las autoridades han presentado estimaciones de sobrecostos y resultados de los nuevos contratos, la investigación sobre la empresa señalada sigue abierta. Hasta el momento, no se ha informado de una resolución definitiva que establezca responsabilidades legales por las presuntas irregularidades.
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