Investigan presuntas declaraciones falsas de exfuncionarios del FBI sobre Hunter Biden

WASHINGTON, D.C. – (La Opinión en Texas) – El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este martes 27 de octubre nuevas acusaciones penales contra dos exfuncionarios del Buró Federal de Investigaciones (FBI), señalados de presuntamente mentir al Congreso y obstaculizar una investigación legislativa relacionada con Hunter Biden, hijo del expresidente Joe Biden. La nueva denuncia amplía el proceso iniciado la semana pasada contra Nikki Floris y Bradley Benavides, quienes rechazan las acusaciones.

Los fiscales federales presentaron durante la madrugada una denuncia modificada que incorpora señalamientos de obstrucción a un procedimiento del Congreso, además de las acusaciones por declaraciones presuntamente falsas. El documento fue presentado pocas horas antes de una audiencia preliminar programada para este martes en un tribunal federal de Washington, donde los abogados defensores tenían previsto cuestionar la solidez de las pruebas utilizadas por el gobierno.

Las acusaciones se remontan a declaraciones que ambos exfuncionarios ofrecieron ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes durante 2023. Floris compareció el 19 de julio de ese año, mientras que Benavides lo hizo el 28 de septiembre. Según la fiscalía, los dos minimizaron o negaron su conocimiento y participación en investigaciones del FBI relacionadas con Hunter Biden, particularmente aquellas vinculadas con una computadora portátil que adquirió notoriedad durante la campaña presidencial de 2020.

Floris y Benavides ocuparon puestos de responsabilidad dentro de la Fuerza de Tarea contra la Influencia Extranjera del FBI, una unidad encargada de identificar posibles operaciones de interferencia extranjera y desinformación. Los investigadores sostienen que ambos tuvieron acceso a comunicaciones y reuniones relacionadas con el caso de Hunter Biden, pese a que posteriormente habrían ofrecido versiones diferentes ante los legisladores. La denuncia también menciona una operación de contrainteligencia conocida como Round River, relacionada con la evaluación de información sobre posibles campañas de desinformación rusa.

De acuerdo con los documentos judiciales, las supuestas declaraciones falsas habrían limitado la capacidad del comité legislativo para obtener información adicional y determinar el alcance de la participación de la unidad en las investigaciones. Los fiscales consideran que esas respuestas pudieron obstaculizar la recopilación de documentos y testimonios. Sin embargo, estos señalamientos forman parte de la acusación presentada por el gobierno y todavía deben ser examinados por los tribunales.

Los abogados de Floris y Benavides han rechazado categóricamente los cargos y cuestionado la manera en que el Departamento de Justicia inició el procedimiento. La defensa de Floris criticó particularmente la presentación de la nueva denuncia, al señalar que el documento fue entregado sin firma ni juramento. Los representantes legales de ambos también han sostenido que el proceso tiene motivaciones políticas, especialmente por haberse iniciado pocos días antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

El caso ha generado cuestionamientos sobre el procedimiento utilizado por la fiscalía, que inicialmente presentó una denuncia penal en lugar de obtener una acusación formal de un gran jurado. Durante la audiencia celebrada el viernes 23 de octubre, el juez magistrado federal Zia Faruqui expresó inquietudes sobre esa decisión y programó una audiencia preliminar para examinar si existen fundamentos suficientes para continuar con el proceso. La presentación de los nuevos cargos añade otro elemento de controversia a una investigación que involucra actuaciones del FBI durante un período políticamente sensible.

Por ahora, Floris y Benavides mantienen su derecho a la presunción de inocencia y no han sido declarados culpables de los delitos que se les atribuyen. El proceso judicial deberá determinar si las pruebas respaldan las acusaciones de declaraciones falsas y obstrucción. La investigación vuelve a colocar bajo escrutinio las actuaciones de funcionarios federales durante la campaña presidencial de 2020, mientras el país se prepara para celebrar nuevas elecciones legislativas.