AUSTIN, TEXAS – (La Opinión en Texas) – La operación de seguridad fronteriza impulsada por el gobernador Greg Abbott enfrenta un futuro incierto después de la victoria electoral de Gina Hinojosa, quien ha planteado revisar los resultados y el costo del programa conocido como Operación Lone Star, que ha representado un gasto aproximado de $11 mil millones para Texas desde su creación.
La iniciativa comenzó en marzo de 2021 mediante el despliegue de agentes del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) y elementos de la Guardia Nacional. Su objetivo declarado fue combatir el tráfico de personas y drogas, además de reforzar la vigilancia fronteriza. Posteriormente, el estado amplió las operaciones con arrestos de migrantes, patrullajes y construcción de barreras físicas.
Uno de los proyectos más costosos fue la instalación de infraestructura fronteriza. Según la Comisión de Instalaciones de Texas, durante 2026 se habían completado aproximadamente 82.2 millas de barreras. La Legislatura destinó alrededor de $3,100 millones a esa construcción como parte de los recursos asignados al operativo.
Hinojosa ha cuestionado si las inversiones realizadas realmente mejoraron la seguridad pública. Durante su campaña, manifestó que revisaría la efectividad de Operación Lone Star y criticó el uso de recursos estatales para detener migrantes. Sin embargo, también expresó su respaldo a mantener una frontera segura, sin comprometerse a cancelar completamente el programa.
El futuro de la operación dependerá igualmente de las decisiones presupuestarias. Los legisladores aprobaron cerca de $3,400 millones para seguridad fronteriza en el presupuesto vigente, pero cualquier financiamiento adicional para el siguiente ciclo presupuestario deberá ser autorizado nuevamente. La nueva composición de la Cámara de Representantes podría influir considerablemente en esas negociaciones.
Otro cambio importante será la llegada del demócrata Nathan Johnson a la Fiscalía General de Texas, en sustitución de Ken Paxton. La oficina tendrá que decidir cómo manejar los litigios relacionados con las políticas migratorias estatales, incluida la ley SB 4, que permite determinadas acciones policiales contra personas sospechosas de ingresar irregularmente al país mientras continúa su disputa judicial.
Aunque la nueva administración tendrá herramientas para modificar despliegues, prioridades y declaraciones de emergencia, las consecuencias legales de Operación Lone Star podrían prolongarse durante años. Organizaciones de defensa legal calculan que todavía existen aproximadamente 1,000 procesos penales pendientes relacionados con el operativo. Hasta el 6 de noviembre, Hinojosa no había anunciado una decisión definitiva sobre su continuidad.
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