MONTERREY, NUEVO LEÓN – (La Opinión en Texas) – El gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, enfrenta nuevas exigencias para que avance un juicio político en su contra, después de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) denunciara ante la Fiscalía General de la República (FGR) presuntas irregularidades en el manejo de más de 7,200 millones de pesos del presupuesto estatal.
Este domingo 1 de noviembre, el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, solicitó al Congreso de Nuevo León reinstalar su Comisión Anticorrupción para dar continuidad al procedimiento contra el mandatario. El legislador también planteó retirar el fuero constitucional del gobernador para que responda por los señalamientos.
Las acusaciones surgieron de una revisión de la Cuenta Pública 2025. Según la ASF, recursos del gobierno estatal habrían circulado mediante distintas empresas constructoras, comercializadoras y proveedoras de servicios antes de llegar a un despacho jurídico relacionado con García y su padre, Samuel Orlando García. La denuncia penal fue presentada el 16 de octubre.
Entre las operaciones examinadas destaca una transferencia de 5,851 millones de pesos a una constructora, que posteriormente habría enviado parte de los recursos a otras compañías. Los auditores identificaron movimientos que presuntamente terminaron en cuentas vinculadas al despacho familiar. También señalaron posibles operaciones inmobiliarias relacionadas con el esquema investigado.
El juicio político no es un procedimiento nuevo. En junio, la Comisión Anticorrupción del Congreso estatal aprobó iniciar el trámite por denuncias anteriores. Sin embargo, resoluciones judiciales suspendieron su avance, mientras continuaban las disputas sobre las facultades del Poder Legislativo para proceder contra el gobernador.
Ramírez Cuéllar cuestionó esos obstáculos y recordó que anteriormente había solicitado una revisión integral del uso de recursos federales en Nuevo León. Por su parte, García ha rechazado las acusaciones de triangulación financiera y ha sostenido que algunos señalamientos corresponden a operaciones investigadas previamente.
La denuncia de la ASF abre una nueva etapa de presión política y jurídica sobre la administración estatal. No obstante, la presentación de una denuncia y las observaciones de auditoría no constituyen una sentencia ni demuestran por sí mismas responsabilidad penal. Corresponderá a las autoridades competentes investigar los hechos y determinar si existen elementos para proceder contra los involucrados.
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