LONGVIEW, TEXAS – (La Opinión en Texas) – Más de 200 personas se congregaron el miércoles frente al Palacio de Justicia de Gregg County para expresar su rechazo a la participación local en el programa federal de inmigración 287(g) y pedir mayor supervisión sobre la cooperación entre autoridades locales y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
La manifestación reunió a personas de distintas edades que acudieron con pancartas y abanicos para enfrentar las altas temperaturas. Algunos participantes señalaron que su objetivo era llamar la atención sobre las consecuencias que las acciones migratorias pueden tener para familias de la zona y representar a quienes consideran que no pueden expresar públicamente sus preocupaciones.
Entre los asistentes estuvo Abigail Rodriguez, quien relató que su esposo permanece detenido en una instalación migratoria de Louisiana. Según Rodriguez, ambos se encontraban visitando familiares y realizando entregas de comestibles cuando llegaron por error a una instalación militar. Al solicitarles identificación en la entrada, su esposo no pudo presentar una identificación expedida por el gobierno estadounidense y posteriormente fue detenido.
Rodriguez afirmó que su esposo se encontraba tramitando documentos migratorios y que su ausencia ha provocado dificultades económicas y familiares. Dijo que ella y sus hijos tuvieron que mudarse a una vivienda más pequeña, mientras ella trabaja largas jornadas y realiza viajes durante los fines de semana a Louisiana para visitarlo.
Los organizadores de la protesta dijeron que no se oponen a que las autoridades actúen contra personas responsables de delitos violentos, pero cuestionaron que las medidas migratorias alcancen a residentes que llevan años trabajando y formando familias en Estados Unidos mientras intentan regularizar su situación. También pidieron a funcionarios locales mayor transparencia sobre la participación de las agencias del área en los programas federales de inmigración.
Hector Garza, uno de los organizadores, planteó además un boicot económico dirigido a grandes comercios y centros comerciales. De acuerdo con Garza, la intención es utilizar la reducción del gasto como una forma de presionar a empresarios para que lleven las inquietudes de la comunidad ante las autoridades locales.
La controversia se concentra en el programa 287(g), mediante el cual ICE puede establecer acuerdos con agencias estatales y locales para delegar determinadas funciones relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias a personal autorizado y capacitado. La protesta del miércoles se enfocó en cómo esa cooperación se aplica en Gregg County y en el nivel de supervisión que deberían ejercer los funcionarios electos.
Funcionarios del condado han señalado anteriormente que la participación de Gregg County está relacionada con procedimientos dentro de la cárcel y que no modifica las operaciones policiales rutinarias en la comunidad. Los manifestantes, por su parte, buscan que las autoridades expliquen con mayor detalle cómo funciona la cooperación con el gobierno federal y qué efectos puede tener sobre los residentes del área.
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