SAN ANTONIO, TEXAS – (La Opinión en Texas) – El Concejo Municipal de San Antonio aprobó una evaluación del impacto que podría tener un futuro centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) sobre los servicios públicos de la ciudad, mientras las autoridades locales consideran emprender acciones legales para impedir la apertura de las instalaciones.
Durante una sesión celebrada el jueves 8 de octubre, los integrantes del Concejo votaron 9 a 2 a favor de solicitar estudios sobre la capacidad de la infraestructura municipal para atender las necesidades del centro, que tendría espacio para albergar hasta 1,500 personas diariamente.
La medida contempla la participación de CPS Energy, responsable del suministro eléctrico, y del Sistema de Agua de San Antonio (SAWS), que deberá examinar las posibles consecuencias para las redes de agua potable y alcantarillado. También se pidió evaluar las repercusiones que las instalaciones podrían tener sobre los servicios policiales, de bomberos y de emergencias.
El proyecto federal contempla transformar un edificio industrial ubicado en el número 542 de S.E. Loop 410, en el sector este de San Antonio, en un centro destinado a mantener bajo custodia a personas mientras se desarrollan sus procedimientos migratorios.
ICE adquirió el inmueble en enero de 2026 por aproximadamente 66 millones de dólares. Posteriormente, en agosto, adjudicó un contrato de 17.3 millones de dólares a la empresa GardaWorld Federal Services para realizar trabajos de adecuación de las instalaciones.
La propuesta ha generado inquietud entre residentes y funcionarios municipales, principalmente por el posible aumento en el consumo de electricidad y agua, la capacidad de las tuberías existentes y las consecuencias para los vecindarios cercanos. Las autoridades buscan determinar si la infraestructura actual puede responder a las necesidades del establecimiento sin afectar la calidad de los servicios que reciben los habitantes.
El concejal Jalen McKee-Rodriguez, representante del Distrito 2, ha impulsado la revisión de los servicios públicos. Los estudios permitirán obtener información independiente sobre las necesidades del centro y sus posibles efectos en la comunidad. Se espera que los análisis de las empresas de servicios públicos estén terminados en diciembre.
La votación no fue unánime. Los concejales Misty Spears, del Distrito 9, y Marc Whyte, del Distrito 10, se opusieron a la medida al considerar que podría convertirse en un intento político de retrasar un proyecto federal, además de representar gastos adicionales para los contribuyentes.
Por su parte, la alcaldesa Gina Ortiz Jones confirmó que la oficina del abogado municipal, Andy Segovia, está examinando posibles fundamentos para presentar una demanda contra el gobierno federal. Una de las cuestiones bajo revisión es si ICE cumplió con las obligaciones de evaluación ambiental establecidas por la legislación federal antes de avanzar con el proyecto.
El gobierno municipal había solicitado información a las autoridades migratorias sobre el cumplimiento de esos requisitos y la coordinación con la ciudad. Sin embargo, según funcionarios locales, no recibió la respuesta solicitada antes del plazo del 30 de septiembre.
Las autoridades federales han defendido la ampliación de la capacidad de detención como parte de sus operaciones migratorias. ICE sostiene que sus instalaciones deben cumplir estándares de seguridad y que realiza evaluaciones para evitar efectos negativos sobre los servicios y la infraestructura de las comunidades donde opera.
Aunque San Antonio ha explorado cambios a sus regulaciones de uso de suelo para limitar este tipo de establecimientos, el gobierno federal está ampliamente exento de las disposiciones municipales. Asimismo, las empresas de agua y electricidad no pueden simplemente negarse a prestar servicios a un inmueble que se encuentre dentro de sus respectivas áreas de cobertura.
Por ahora, la aprobación de los estudios no significa que la construcción haya sido suspendida ni que se haya presentado una demanda. El centro continúa en etapa de preparación y su fecha definitiva de apertura no ha sido confirmada públicamente.
Mientras avanzan las evaluaciones técnicas y legales, el futuro de las instalaciones permanece sujeto a las decisiones de las autoridades federales y a las posibles medidas que adopte el gobierno municipal de San Antonio.
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