Disputa fronteriza: Texas reclama nueve islas del Río Bravo y provoca preocupación en México

Crédito de fotografía: Texas General Land Office

AUSTIN, TEXAS – (La Opinión en Texas) – Una decisión del gobierno de Texas de declarar como propiedad estatal nueve islas ubicadas en el Río Bravo, a lo largo de la frontera con México, ha provocado cuestionamientos de las autoridades mexicanas, que advierten que cualquier determinación territorial debe ajustarse a los tratados internacionales vigentes entre ambos países.

La comisionada de Tierras de Texas, Dawn Buckingham, anunció el 26 de octubre que la Oficina General de Tierras de Texas (GLO) identificó nueve islas, con una superficie conjunta aproximada de 66 acres, como terrenos pertenecientes al estado. Las áreas se encuentran en distintos puntos del río entre Laredo y McAllen, una región donde las autoridades mantienen operaciones de vigilancia y seguridad fronteriza.

La medida permitirá, según las autoridades estatales, que elementos del Departamento de Seguridad Pública de Texas y del Departamento Militar de Texas ingresen a las islas para realizar patrullajes, inspecciones y labores de limpieza. Buckingham argumentó que establecer la propiedad de estos terrenos facilitará las operaciones contra el contrabando, el tráfico de personas y otras actividades relacionadas con organizaciones criminales.

Sin embargo, la propia funcionaria reconoció que no se ha confirmado actividad delictiva en las nueve islas recientemente identificadas. La decisión surgió después de que autoridades federales solicitaran revisar la situación de 28 islas cuya titularidad había generado incertidumbre. Para sustentar su determinación, la GLO examinó mapas históricos, fotografías aéreas, estudios topográficos y otros documentos geográficos.

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México respondió que la delimitación territorial del Río Bravo está regulada por el Tratado de Límites de 1970, firmado entre México y Estados Unidos. La dependencia señaló que corresponde a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), integrada por representantes de ambos países, determinar oficialmente la ubicación de la frontera y resolver las cuestiones relacionadas con las islas.

El gobierno mexicano también sostuvo que cualquier intervención en estos territorios debe someterse a la consideración y aprobación de las secciones mexicana y estadounidense de la CILA, conforme a las disposiciones del tratado. La postura responde a que el cauce del Río Bravo puede modificarse naturalmente por inundaciones, erosión y acumulación de sedimentos, circunstancias que pueden influir en la ubicación de los límites internacionales.

Especialistas en derecho internacional han señalado que la controversia también involucra una cuestión de jurisdicción dentro de Estados Unidos. Dependiendo de los antecedentes históricos y de los acuerdos fronterizos, algunas islas podrían pertenecer al gobierno federal estadounidense y no necesariamente al estado de Texas. Por ello, la declaración de propiedad estatal no resuelve por sí sola todas las interrogantes legales.

La situación tiene como antecedente una decisión similar adoptada en 2023, cuando Texas declaró como propiedad estatal la isla Fronton, de aproximadamente 170 acres, ubicada en el condado de Starr. Posteriormente, autoridades estatales realizaron operaciones de seguridad y eliminación de vegetación en ese territorio. La situación jurídica de aquella isla continúa bajo consideración de la CILA.

Hasta este viernes 30 de octubre, no se había informado de una resolución conjunta entre México y Estados Unidos sobre las nueve islas recientemente reclamadas. Mientras Texas sostiene que busca reforzar la vigilancia fronteriza, México insiste en que cualquier decisión relacionada con los límites territoriales debe respetar los mecanismos diplomáticos y los tratados internacionales establecidos.