WASHINGTON, D.C. – (La Opinion en Texas) – El presidente Donald Trump extendió por un año una restricción que condiciona la entrada de ciertos trabajadores con visa H-1B a un pago de $100,000 por parte de sus empleadores, al tiempo que ordenó un mayor escrutinio de compañías que hayan realizado o proyecten despidos de empleados estadounidenses.
La proclamación, firmada el 18 de septiembre, entrará en vigor a las 12:01 a.m. del 21 de septiembre de 2026, hora del Este, y vencerá un año después salvo que sea renovada. La medida se dirige a determinadas peticiones para trabajadores H-1B que se encuentren fuera de Estados Unidos y necesiten ingresar al país.
El texto contempla excepciones si la secretaria de Seguridad Nacional determina que la contratación de una persona, empleados de una empresa o trabajadores de una industria responde al interés nacional y no representa una amenaza para la seguridad o el bienestar del país.
En una orden ejecutiva separada, Trump instruyó a los departamentos de Estado, Trabajo y Seguridad Nacional a tomar en cuenta si el empleador patrocinador efectuó despidos en el último año o planea despidos que afecten a trabajadores estadounidenses en puestos comparables. Las agencias deberán además consultar información salarial, laboral, académica e industrial de otras dependencias federales.
La orden dispone que la División de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo comience, en un plazo de 30 días, a revisar datos de solicitudes de condiciones laborales ya presentadas para determinar si procede tomar medidas contra empleadores patrocinadores.
Sin embargo, el anuncio no significa que el pago de $100,000 esté actualmente en vigor. En junio, un tribunal federal de Massachusetts anuló la política de las agencias que implementaba el requisito establecido en la proclamación anterior. Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito rechazó suspender esa decisión mientras continúa la apelación del gobierno.
La nueva proclamación extiende la restricción planteada por la Casa Blanca hasta septiembre de 2027, pero su aplicación práctica enfrenta ese litigio pendiente. Para empresas, profesionales extranjeros y graduados que buscan empleos especializados, el alcance final de la medida dependerá de las decisiones judiciales y de las instrucciones que emitan las agencias federales.
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