WASHINGTON, D.C. – (La Opinión en Texas) – El creciente costo de la electricidad está ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los presupuestos de las familias estadounidenses. Desde 2024, los precios residenciales de la energía eléctrica han aumentado más del 10% a nivel nacional, una tendencia que ha superado el incremento general de los precios y que ahora se ha convertido en uno de los principales temas de debate político a pocos días de las elecciones del 3 de noviembre.
De acuerdo con datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), los aumentos han sido especialmente pronunciados en estados como Ohio, Michigan y Pennsylvania. En Ohio, las facturas residenciales de electricidad han subido más del 20% durante los últimos dos años, mientras que en otras regiones los incrementos han superado considerablemente la inflación. La situación ha generado preocupación entre consumidores que enfrentan mayores gastos para mantener sus hogares.
Entre los factores que contribuyen al encarecimiento del servicio se encuentra la expansión de los centros de datos utilizados por empresas tecnológicas y sistemas de inteligencia artificial. Estas instalaciones requieren grandes cantidades de electricidad para operar servidores y equipos de refrigeración. Su crecimiento está aumentando la demanda energética en determinadas regiones, aunque también influyen los costos del gas natural, la modernización de las redes eléctricas y el retiro de antiguas plantas generadoras.
La presión económica también se refleja en las solicitudes de aumentos tarifarios presentadas por las compañías eléctricas. Según un análisis de la organización PowerLines, las empresas podrían solicitar este año incrementos por aproximadamente $31,000 millones, una cifra similar al récord registrado en 2025. Paralelamente, las compañías eléctricas propiedad de inversionistas proyectan invertir cerca de $1.3 billones durante los próximos cinco años en infraestructura, mantenimiento y ampliación de sus sistemas, de acuerdo con estimaciones de S&P Global.
El problema ha adquirido importancia en las campañas electorales. En Ohio, la candidata demócrata a gobernadora Amy Acton ha prometido impulsar medidas para reducir los costos de electricidad y fortalecer la supervisión de las empresas proveedoras. Su contrincante republicano, Vivek Ramaswamy, ha planteado que los residentes cercanos a nuevos centros de datos no deberían asumir mayores costos eléctricos derivados de esas instalaciones. Ambos buscan responder a las preocupaciones de los consumidores, aunque sus propuestas presentan enfoques diferentes.
En Pennsylvania, el gobernador demócrata Josh Shapiro anunció en abril que la compañía PECO Energy retiró una propuesta de incremento tarifario después de recibir presiones de su administración. Según el gobernador, la decisión podría evitar aumentos de hasta $34 mensuales en las facturas de algunos consumidores. Otros estados también están considerando medidas para limitar incrementos, revisar las ganancias autorizadas a las compañías eléctricas y exigir mayor transparencia en las inversiones que terminan pagando los usuarios.
Sin embargo, representantes de la industria energética advierten que congelar tarifas o reducir los rendimientos permitidos a las empresas podría dificultar las inversiones necesarias para mantener un suministro confiable. Las autoridades reguladoras deben evaluar tanto la protección de los consumidores como los recursos necesarios para ampliar y modernizar la infraestructura. En 2026, los votantes elegirán integrantes de comisiones reguladoras de servicios públicos en nueve estados, mientras que 36 estados celebrarán elecciones para gobernador.
Con las elecciones del 3 de noviembre cada vez más cerca, el precio de la electricidad se ha convertido en una preocupación económica que trasciende las diferencias partidistas. Para millones de familias, especialmente aquellas con ingresos limitados, cualquier incremento representa una carga adicional en gastos esenciales. Aunque los candidatos prometen distintas soluciones, especialistas advierten que controlar los precios sin comprometer la estabilidad del sistema eléctrico será uno de los principales desafíos para las autoridades que resulten electas.
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