MISSION, TEXAS – (La Opinión en Texas) – Jorge Zamora-Quezada, un médico de Mission condenado por participar en un esquema de fraude al sistema de salud de aproximadamente $240 millones, comenzó a realizar pagos mensuales de apenas $25 para cubrir una restitución judicial superior a $28.2 millones, según documentos presentados ante un tribunal federal.
Los pagos comenzaron el domingo 1 de noviembre de 2026, después de que las autoridades judiciales evaluaran la situación económica del exreumatólogo. En un documento fechado el 9 de octubre, Zamora-Quezada informó que utiliza prácticamente todos sus ingresos mensuales para cubrir necesidades básicas, aunque aseguró que podía comprometerse a pagar $25 de manera constante. El expediente señala que hasta ese momento cumplía con las condiciones impuestas.
El caso se remonta a una investigación federal que descubrió diagnósticos falsos de artritis reumatoide y otras enfermedades degenerativas en miles de pacientes. De acuerdo con los fiscales, el médico sometió a por lo menos 10,000 personas a procedimientos y tratamientos que no necesitaban, incluidos medicamentos utilizados también en terapias contra el cáncer.
Las autoridades señalaron que algunos pacientes sufrieron graves consecuencias físicas relacionadas con esos tratamientos, entre ellas daños hepáticos, pérdida del cabello, lesiones en la mandíbula y dolores incapacitantes. La investigación determinó que el esquema generó aproximadamente $240 millones en reclamaciones fraudulentas a programas de atención médica, de los cuales alrededor de $50 millones fueron pagados al médico.
Zamora-Quezada fue declarado culpable por un jurado federal en enero de 2020 y recibió una sentencia de 10 años de prisión en mayo de 2025. Sin embargo, fue liberado el 19 de junio de 2026, después de cumplir aproximadamente 11 meses adicionales de encarcelamiento tras la sentencia. Posteriormente solicitó que se anulara su condena, pero esa petición fue desestimada en septiembre.
Los documentos judiciales también indican que todavía adeuda $600 correspondientes a cargos especiales impuestos por el tribunal. Aunque los pagos mensuales autorizados representan una cantidad mínima frente a la restitución millonaria, la obligación económica permanece vigente.
La situación continúa generando inquietud entre antiguos pacientes, algunos de los cuales han solicitado que las autoridades del condado de Hidalgo examinen posibles acciones penales adicionales por las consecuencias médicas que atribuyen a los tratamientos recibidos.
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