COLUMBUS, OHIO – (La Opinión en Texas) – La Asociación Nacional Deportiva Universitaria (NCAA) inició una batalla judicial contra el gobernador de Ohio, Mike DeWine, después de que el mandatario estatal emitiera una orden ejecutiva que permitiría a determinados atletas universitarios competir durante una quinta temporada, a pesar de las restricciones establecidas por el organismo que regula el deporte universitario en Estados Unidos.
La controversia surgió después de que DeWine firmara el martes 13 de octubre una disposición que autoriza a las universidades públicas y privadas de Ohio a permitir la participación de deportistas que terminaron la preparatoria en 2022 y que ya completaron cuatro temporadas de competencia. La medida busca beneficiar a estudiantes que quedaron excluidos de un nuevo sistema de elegibilidad aprobado por la NCAA durante el verano.
El organismo deportivo anunció el viernes 16 de octubre que había presentado una demanda ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Ohio, argumentando que la decisión del gobernador interfiere con las reglas nacionales que deben cumplir las instituciones afiliadas. La NCAA sostiene que permitir excepciones estatales podría otorgar ventajas competitivas a determinadas universidades frente a otras que continúan respetando los mismos requisitos de participación.
El conflicto tiene su origen en una modificación aprobada en junio, cuando la NCAA adoptó un modelo que permite hasta cinco temporadas de competencia bajo un sistema basado en la edad y el ingreso a la universidad. Sin embargo, la organización determinó que los atletas cuya elegibilidad ya había terminado bajo las reglas anteriores no recibirían automáticamente una temporada adicional, situación que afectó a integrantes de la generación de preparatoria de 2022.
DeWine considera que esa interpretación perjudica injustamente a un grupo de estudiantes que no puede beneficiarse de las mismas oportunidades concedidas a otros deportistas. El gobernador también ha señalado que las decisiones judiciales emitidas en distintos estados han provocado diferencias en la aplicación de las normas, permitiendo que algunos atletas continúen compitiendo mientras otros enfrentan restricciones similares.
Por su parte, el presidente de la NCAA, Charlie Baker, defendió la decisión de acudir a los tribunales y advirtió que permitir que cada estado establezca sus propias excepciones podría afectar el equilibrio competitivo del deporte universitario. La organización argumenta que las universidades de Ohio podrían incorporar jugadores experimentados que otras instituciones no estarían autorizadas a utilizar, además de reducir las oportunidades disponibles para atletas que todavía cumplen con los requisitos de elegibilidad.
La demanda cuestiona la legalidad de la orden ejecutiva por tres motivos principales. La NCAA sostiene que la disposición afecta el comercio interestatal protegido por la Constitución estadounidense, interfiere con los derechos de asociación del organismo y excede las facultades que la legislación estatal concede al gobernador. Por ello, solicita que un juez federal declare inválida la medida e impida su aplicación.
El enfrentamiento también está relacionado con otros litigios sobre la participación de jugadores universitarios, particularmente en el baloncesto. Uno de los casos involucra al deportista Filip Borovićanin, cuya situación forma parte de una disputa judicial que llegó a la Corte Suprema de Ohio. Ese tribunal intervino recientemente en el procedimiento, aunque la NCAA mantiene que su actuación no restableció automáticamente la elegibilidad de los atletas involucrados.
La disputa ocurre cuando numerosas universidades se preparan para el inicio de sus temporadas deportivas y deben definir qué jugadores podrán integrar oficialmente sus plantillas. La incertidumbre afecta tanto a estudiantes que buscan prolongar sus carreras universitarias como a instituciones que necesitan cumplir las normas de la NCAA sin entrar en conflicto con disposiciones estatales o resoluciones judiciales.
Hasta el sábado 17 de octubre, el conflicto permanecía abierto y no se había anunciado una resolución definitiva sobre la demanda federal. El resultado podría tener consecuencias más allá de Ohio, al establecer hasta qué punto los gobiernos estatales pueden intervenir en las reglas de elegibilidad de una organización deportiva nacional y cómo deben aplicarse esas normas entre universidades de diferentes estados.
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