ALAMO, TEXAS – (La Opinión en Texas) – Organizaciones comunitarias que ayudan a residentes hispanos a participar en las elecciones de Texas han tenido que limitar algunos de sus servicios ante el temor de enfrentar sanciones penales establecidas por la legislación electoral del estado, una situación que afecta especialmente a adultos mayores, personas con discapacidades y ciudadanos que necesitan asistencia en español.
Las restricciones forman parte de la ley SB 1, aprobada en 2021, que prohíbe recibir compensación por determinadas actividades de asistencia para completar boletas electorales. Las infracciones pueden constituir delitos graves castigados con hasta 10 años de prisión y multas de hasta $10,000, lo que ha llevado a diversas organizaciones a modificar sus programas de apoyo electoral.
En el Rio Grande Valley, la organización La Unión del Pueblo Entero (LUPE), con sede en San Juan, ha reducido la asistencia individual que anteriormente ofrecía a residentes que necesitaban orientación para votar por correo. Su directora ejecutiva, Tania Chávez Camacho, explicó que el personal ahora debe evitar determinadas formas de ayuda directa para no exponerse a posibles consecuencias legales.
Uno de los casos documentados involucra a Eustorgia Santos de Torres, de 67 años, residente de Alamo, quien buscó apoyo para ayudar a su esposo Nemorio Torres, de 79 años, a completar su boleta electoral. Debido a que él es ciego y las instrucciones estaban en inglés, la pareja acudió a LUPE, pero sus trabajadores no pudieron proporcionarles la asistencia solicitada. Finalmente, Nemorio logró enviar su voto por correo con ayuda de su esposa.
Ante estas limitaciones, LUPE ha sustituido parte de sus servicios individuales por sesiones educativas en grupo, durante las cuales explica los procedimientos electorales mediante ejemplos proyectados en pantallas. Sin embargo, representantes de la organización advierten que estas actividades no siempre son suficientes para quienes tienen dificultades para leer, comprender instrucciones o completar documentos sin asistencia.
Las disposiciones también han generado preocupación entre voluntarios que anteriormente acompañaban a ciudadanos durante el proceso electoral. La legislación establece requisitos adicionales para determinadas personas que prestan asistencia en los centros de votación, incluyendo declaraciones sobre su relación con el elector y las circunstancias en que proporcionan ayuda.
Los defensores de la ley sostienen que las medidas buscan fortalecer la seguridad y la confianza en las elecciones, mientras que organizaciones de derechos civiles consideran que las restricciones imponen obstáculos adicionales a comunidades vulnerables. Algunas disposiciones han sido impugnadas judicialmente, aunque tribunales federales han mantenido vigentes restricciones importantes relacionadas con la asistencia electoral.
La situación adquiere especial relevancia este viernes 30 de octubre, último día de votación anticipada en Texas antes de las elecciones generales del martes 3 de noviembre. Las organizaciones comunitarias continúan promoviendo la participación electoral, pero advierten que numerosos ciudadanos todavía enfrentan dificultades para obtener la ayuda que necesitan al ejercer su derecho al voto.
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