LUFKIN, TEXAS – (La Opinión en Texas) – Una investigación sobre el manejo de las finanzas de Habitat for Humanity of Deep East Texas derivó en cargos federales contra dos de sus exempleadas, señaladas de obtener dinero a nombre de la organización y utilizar parte de los fondos para beneficio personal.
Las acusadas son Susan Robertson, exdirectora ejecutiva de la organización, y Ardtrenda Vinson, quien trabajaba como administradora de oficina. Un gran jurado federal las acusó de conspiración para cometer fraude bancario por hechos que presuntamente ocurrieron entre enero de 2020 y abril de 2024.
De acuerdo con la acusación, Robertson habría conseguido préstamos y líneas de crédito utilizando el nombre de Habitat sin contar con la autorización correspondiente de la junta directiva. Entre ellos figura una línea de crédito por $488,000, para la cual supuestamente fueron utilizados documentos modificados que daban la apariencia de contar con las aprobaciones necesarias.
Los investigadores también sostienen que parte de los recursos terminó financiando la construcción y el mobiliario de una casa en Lufkin para Vinson. La vivienda habría sido presentada como un proyecto autorizado de Habitat, aunque la acusación señala que Vinson no había sido aprobada como beneficiaria y que la junta tampoco había dado permiso para construirla.
El caso incluye además una serie de gastos personales presuntamente realizados con tarjetas de débito vinculadas a las cuentas de la organización. Entre 2022 y 2023, fondos de Habitat habrían cubierto gastos relacionados con viajes a Jamaica, Las Vegas, Hawaii, Florida y Round Rock, incluyendo alojamiento, alimentos, entretenimiento y transporte.
Las irregularidades salieron a la luz durante una revisión interna realizada en abril de 2024. Robertson y Vinson fueron despedidas y posteriormente se inició una investigación del FBI. Desde entonces, Habitat for Humanity of Deep East Texas asegura haber reforzado sus controles financieros, establecido auditorías independientes y aumentado la supervisión sobre el manejo de sus recursos.
El proceso contra las dos mujeres continúa en una corte federal. El delito que enfrentan contempla una pena máxima de 30 años de prisión y multas que podrían alcanzar $1 millón, además de restitución y posible decomiso de bienes. Ambas son consideradas inocentes mientras no exista una declaración de culpabilidad o una condena en su contra.
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