WASHINGTON, D.C. – (La Opinión en Texas) – La Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar una disputa sobre si el U.S. DOGE Service debe someterse a las reglas federales de acceso a documentos públicos, una decisión que podría definir el alcance de la transparencia sobre las operaciones de la oficina vinculada inicialmente a Elon Musk.
La orden emitida el martes 13 de octubre concede la petición del gobierno en el caso 25-1103, U.S. DOGE Service y otros contra el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. La Corte no resolvió todavía si DOGE debe divulgar documentos; aceptó analizar el litigio y las reglas aplicables para determinarlo.
La organización Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, conocida como CREW, solicitó registros relacionados con las actividades de DOGE durante los primeros meses del segundo mandato del presidente Donald Trump. El grupo sostiene que DOGE ejerce facultades suficientes para ser considerada una agencia federal y, por tanto, quedar sujeta a la Ley de Libertad de Información, conocida por sus siglas en inglés como FOIA.
La administración Trump sostiene la posición contraria. En su petición ante el máximo tribunal, el gobierno describe a DOGE como una entidad dentro de la Oficina Ejecutiva del Presidente cuya función es asesorar al mandatario. Bajo ese argumento, no estaría obligada a responder solicitudes de documentos bajo FOIA como lo hacen las agencias federales con autoridad independiente.
Además del fondo del caso, los magistrados revisarán si tribunales inferiores podían ordenar un proceso amplio de obtención de pruebas antes de decidir si DOGE está cubierta por la ley. La pregunta aceptada menciona solicitudes de comunicaciones internas y una declaración bajo juramento de la administradora interina de DOGE, Amy Gleason, asuntos que el gobierno considera una posible afectación a la separación de poderes.
El expediente oficial señala que Elon R. Musk figuró entre los peticionarios en su capacidad oficial durante etapas previas del proceso, aunque ya no forma parte del servicio gubernamental. La resolución que emita la Corte Suprema podría establecer cómo se determina la aplicación de FOIA a organismos de la Oficina Ejecutiva del Presidente que asesoran a la Casa Blanca, pero cuya influencia y funciones son objeto de disputa.
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